La remuneración mensual unificada del presidente de la República, Lucio Gutiérrez, deberá llegar a $ 9.800, hasta el 2009, como parte del proceso de homologación salarial.
Esto es el ajuste a las escalas salariales para todo el sector público que debe presentar, hasta el 1 de julio, la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres).
El año pasado, Gutiérrez redujo su salario de $ 8.000 a $ 6.400 (en 20%) argumentando la austeridad del Gobierno, y recordó que –según las leyes de Gasto Público y de Servicio Civil y Carrera Administrativa– ningún funcionario público puede ganar más que Gutiérrez.
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Pero esa decisión provocó la reacción de otros funcionarios, cuyos sueldos los ponía fuera de la Ley. Ejemplos: Elsa de Mena, directora del Servicio de Rentas Internas; Mauricio Yépez, ministro de Economía (en ese entonces presidente del Banco Central); Nicanor Moscoso, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Leopoldo Báez, gerente del Banco Central, entre otros.
Los roles de pago y los certificados de ingresos (ver cuadro) de estos funcionarios son públicos y reposan en los archivos de la Senres.
Abel Echeverría, titular de la Senres, sin embargo, dijo que, en marzo pasado, Gutiérrez eliminó la disminución del 20%, “por lo que su remuneración actual es $ 8.000”.
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“Y ese es el tope en el sector público; quienes ganen más de eso deben bajar sus sueldos”, agregó. La advertencia no es nueva y se viene repitiendo desde que Gutiérrez asumió el cargo, en enero del 2003. Durante ese mes, el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, anunció el congelamiento de los sueldos de alrededor de 300.000 servidores públicos. La medida se extendió a este año.
Pero no ocurrió lo mismo con el nivel directivo del sector público. En el presupuesto, el sueldo básico del Presidente del TSE se estableció en $ 1.300, según la Subsecretaría de Presupuestos. Pero la Senres registra que una remuneración unificada de $ 7.491.
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El Ministerio de Economía aún no tiene un estudio que justifique el financiamiento del incremento salarial que se anunció para el 1 julio y tampoco el ahorro real que dice que significará la depuración del rol de pagos del sector público.


















