Demandas de Guayaquil en materia de energía eléctrica

1. Con la finalidad de bajar el precio de la energía al consumidor en un 5%, adicional al ya efectuado, hay que reducir del 10% al 5% el tributo al Ferum.

Para que de esta rebaja del precio de la energía se beneficien no solo los industriales y comerciantes sino, además, 301.000 familias pobres de Guayaquil que consumen hasta 400 kwh mes, la M.I. Municipalidad de Guayaquil aplicará el sobrante, recientemente originado, de la tasa de recolección de basura a la rebaja de dicha tasa exclusivamente a esas familias, a fin de lograr un 5% de reducción en sus planillas de consumo eléctrico.

La M.I. Municipalidad de Guayaquil pondrá en vigencia dicha rebaja de la Tasa de Recolección de Basura el mismo día en que entre en vigencia la rebaja del tributo la Ferum. Deberá reformarse el reglamento al Ferum a efecto de que al menos la mitad del otro 5% del impuesto, que quedaría vigente, regrese a la empresa eléctrica de la ciudad que haya contribuido con el tributo para efecto de invertirlo –ahora sí realmente–, en alumbrado de las áreas rurales-urbano marginales.

2. Si las pérdidas de las empresas eléctricas distribuidoras continúan, no solo por mala gestión sino por comprar de las generadoras energía cara, nadie –como ya ha ocurrido– se interesará nacional o internacionalmente en administrar o concesionar dichas empresas y, lo que es peor, el Estado pronto le pasará la factura al pueblo y al sector productivo aumentándoles el precio de la energía.

Para evitar esa situación el Estado ecuatoriano debe arbitrar inmediatamente las medidas necesarias para que las empresas distribuidoras no pierdan en la compra de energía. Es decir, las empresas generadoras estatales deben bajar ya el precio de venta de la energía al distribuidor al nivel necesario para que eso ocurra.

Además, se eliminará el efecto del precio marginal en las empresas generadoras que pertenecen al Fondo de Solidaridad, estableciendo la obligación de que dichas empresas vendan la totalidad de su producción en contratos a largo plazo (PPAs), a precios más bajos –preferenciales–, a las empresas distribuidoras, en proporción a su consumo.

También el Estado arbitrará las medidas para regular eficientemente el precio de venta de energía de las empresas generadoras que no son del Fondo de Solidaridad.

Y, adicionalmente, el gobierno exigirá a Colombia que cumpla con la decisión 536 de la CAN para que las empresas de ese país, comercializadoras de energía, suscriban contratos de compra venta (PPAs), con distribuidores y grandes consumidores ecuatorianos. Si las empresas colombianas incumplen, se tomarán las represalias comerciales del caso.

Este grupo de medidas no tiene efectos negativos para el fisco, por el contrario se disminuye sustancialmente el subsidio que el Estado está concediendo a las distribuidoras eléctricas estatales del Ecuador y a los colombianos.

3. Para estimular la inversión privada nacional y extranjera en empresas generadoras de energía hidroeléctrica, de gas u otras competitivas, el Estado tiene que garantizar el pago a los generadores, a través de  fideicomisar el monto correspondiente, respecto del ingreso de las distribuidoras.

Adicionalmente, el Gobierno ecuatoriano deberá hacer una declaración oficial, publicitada nacional e internacionalmente, que demuestre la voluntad política de que las inversiones privadas nacionales y extranjeras en el sector eléctrico no tengan otras limitaciones que aquellas señaladas en las leyes vigentes.

4. Para garantizarle a Guayaquil urgentes y suficientes inversiones en la generación y distribución de energía y, por lo tanto, capacidad de crear empleo y crecimiento económico, es necesario terminar con las ya prolongadas administraciones temporales, otorgando con urgencia, por parte del Conelec, las respectivas concesiones a los peticionarios, quienes han dejado constancia expresa de su voluntad de cumplir todas las exigencias previstas en la ley para tal fin.

5. Salvo la reducción al 5% al impuesto a la Ferum –que es muy sencilla– nada de lo propuesto requiere de la intervención del Congreso Nacional, sino únicamente de actos administrativos del Presidente de la República.

Estas soluciones exigidas por Guayaquil, al aplicarse a nivel nacional, serán determinantes para resolver el problema eléctrico del Ecuador, en beneficio de todos los ecuatorianos.

Para convertir con  urgencia estos planteamientos en acciones y hechos, invitamos al señor Presidente de la República y su pertinente equipo de trabajo a reunirse con nosotros, en esta ciudad, en la fecha y hora que él señale, dentro de los próximos 10 días.

Evitar el colapso es relativamente fácil y acelerarlo también. Depende de la decisión del señor Presidente de la República.