La descentralización camina lenta

Representantes de gobiernos seccionales se quejan de la poca colaboración del gabinete. Durante el 2003, en el actual gobierno, la Unidad de Descentralización del Conam (Consejo Nacional de Modernización) recibió 270 solicitudes de gobiernos locales y seccionales para asumir la competencia en distintas áreas; sin embargo, el único proceso de descentralización efectivo que se dio, en el pasado julio, fue el traspaso de competencias y recursos del Ministerio de Salud al Municipio de Cotacachi (Imbabura) para que se encargue de la salud primaria.

Así lo reconoce Carlos Vega, director del Conam, organismo que es parte de la Comisión de Descentralización y coordina las directrices del proceso de descentralización en el actual gobierno.

Desde  1998, cuando entró en vigencia la Ley de Descentralización, “pese a todos los obstáculos”, según Leonardo Viteri, alcalde de Bahía de Caráquez y presidente de la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador), “tenemos aproximadamente 70 municipios descentralizados, unos en salud, otros en turismo, en ambiente”.

Para Bolívar Castillo, alcalde de Loja, “son verdaderas aventuras de quienes estamos empeñados en hacer descentralización al andar, navegando contra la corriente del aparato burocrático sindical del Estado y de los sectores de control económico del país, que no quieren este proceso porque va contra sus intereses”.

En julio, cuando el actual gobierno cumplió seis meses de gestión, la acción más destacada en materia de descentralización fue la reconstitución y conformación de la Comisión Nacional de Descentralización, que se efectuó el pasado 19 de junio del 2003.

En eso coincidieron Leonardo Viteri, presidente de la AME; Jorge Marún, presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope); y Fernando Salazar, coordinador de las Juntas Parroquiales del Ecuador (Jupare).

El hecho fue destacado porque esta vez se los incluyó en la Comisión, ya que durante los gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa no formaron parte de ella.

Otra de las novedades del decreto que reconstituyó la Comisión fue la incorporación del Ministerio de Economía. “Eso es clave, en materia de transferencias”, aseguró el entonces secretario de Planificación, Augusto Barrera.

Los representantes de los gobiernos seccionales también participaron de las mesas del Diálogo Nacional.

Al término del año, representantes de los municipios y los consejos provinciales opinaron que pese a la reconstitución de la Comisión de Descentralización, el proceso sigue estancado.

Eso a pesar de que, el 21 de septiembre pasado, la Comisión entregó al Presidente de la República y su gabinete el Plan Nacional de Descentralización, que señala la urgencia de retomar la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos seccionales del país, cuyo plazo de aplicación es de octubre del 2003 a septiembre del 2004.

Con la entrega del Plan, los gobiernos seccionales pidieron un decreto ejecutivo urgente para iniciar su ejecución. “No ha pasado nada. Pasamos de reunión en reunión pero no damos un paso adelante”, cuestiona Jorge Marún, prefecto de Los Ríos y presidente del Concope.

Además de que no se ha avanzado, con el cambio de gobierno se detuvieron ciertos compromisos como el que firmaron los 22 prefectos del país con los ministerios de Agricultura, Turismo, Ambiente y Obras Públicas, señala Marún.

Era una propuesta seria que buscaba descentralizar esas cuatro áreas en las 22 provincias , “pero aquí no se quiere hacer nada, hay una miopía total”, se queja Marún.

Los prefectos también solicitaron al Primer Mandatario la eliminación de entes de desarrollo regional que realizan labores de los organismos seccionales. “En el país hay más de 20 instituciones de esa naturaleza (unidades ejecutoras) que consumen un presupuesto aproximado de 900 millones de dólares al año y son instituciones que han debilitado las acciones de los gobiernos seccionales”, cuestiona Marún.

Los prefectos también insisten en que se derogue el decreto ejecutivo que entrega a los gobernadores la delegación de competencias de los prefectos.

Otro paso en cuanto a normativa se dio el 2 de julio del 2003, cuando se publicó la Ley de Fomento y atención de programas para los sectores vulnerables en los gobiernos seccionales, cuyo objetivo es trasladar a las municipalidades y a los consejos provinciales la planificación y ejecución de programas sociales de prevención y asistencia en beneficio de los sectores más débiles de la población.

“Eso es letra muerta”, señala Leonardo Viteri, de la AME, quien precisa que el proceso descentralizador es muy difícil porque los ministerios son actores de la negociación, “pero hemos tenido, como media, tres ministros por año en cada ministerio y así no hay políticas ni continuidad”.

Además, coinciden Viteri y Marún, uno de los grandes obstáculos es que los ministros se convierten en rehenes de los sindicatos y los cientos de miles de empleados que conforman el aparato burocrático del Estado, que no quieren la descentralización.

El gobierno tampoco tiene una política de Estado ni un plan estratégico, no sabe a dónde quiere ir, señala Viteri, quien destaca como un gran paso de este año “la descentralización de los aeropuertos de Quito y Guayaquil; que no ha sido un logro de este gobierno, sino de la  presión y el peso político de Jaime Nebot y Paco Moncayo”.

Carlos Vega, del Conam, reconoce que “ha habido poca colaboración por parte de los ministros en general; hay un sentimiento de no querer ceder el poder”.

Añade, sin embargo, que el nuevo equipo ministerial tiene la disposición clara del Presidente de la República para viabilizar el proceso de descentralización, sobre todo en salud y educación, y que en esas áreas, en este año, se ejecutarán 72 solicitudes.