Ecuador planea emprender en el 2004 una cruzada para controlar el trabajo de menores en su sector bananero y modernizar su marco laboral para alcanzar un pacto de libre comercio con Estados Unidos, que quiere ver avances significativos en ambos campos antes de la apertura.
 
Estados Unidos prevé negociar a partir de abril con  Colombia, Perú y, posteriormente, con Bolivia y Ecuador la liberalización de mercados, pero en los diálogos quiere incluir dos temas espinosos para Quito: la eliminación del trabajo infantil y la protección de los derechos de los trabajadores.
 
La postura estadounidense se suma a la fuerte presión que soporta Ecuador después que el grupo a favor de los derechos humanos Human Rights Watch denunció el año pasado que menores eran expuestos a substancias tóxicas y prácticas laborales peligrosas en sus plantaciones bananeras.
 
La denuncia -rechazada por exportadores y productores- golpeó la imagen del primer exportador mundial de banano en medio de otras críticas, lideradas por legisladores de Washington, contra sus normas para la sindicalización y la negociación colectiva.
 
La ministra ecuatoriana de Trabajo, Martha Vallejo, dijo a Reuters que se impondrá mano dura sobre el sector bananero para evitar que los menores sean explotados y mejorar las condiciones de unos 30.000 niños relacionados con el negocio por necesidad o vinculación familiar, según datos oficiales.
 
"Lo que queremos es reglamentar, proteger y ojalá que podamos lograr la erradicación del trabajo de menores, pero progresivamente", dijo Vallejo a Reuters, quien reconoció que las familias dependen de los ingresos de los menores.
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), agregó, entregará 1,8 millones de dólares en el 2004 para integrar un equipo de inspectores que entrarán en las áreas bananeras para corroborar que no trabajen menores de 14 años.
 
En el caso de los menores entre 14 y 18 años, el gobierno de Quito vigilará que no sean incluidos en tareas peligrosas, cumplan una jornada de seis horas, reciban un salario justo y completen sus estudios en un esfuerzo por imponer orden en un sector regido por el libre albedrío.
 
El Ministerio de Trabajo cuenta con tres inspectores para controlar 180.331 hectáreas de plantaciones bananeras, alrededor de las cuales gira la vida de unos dos millones de ecuatorianos.
 
La venta del banano generó ingresos por 969,2 millones de dólares el año pasado. Pero, en contraparte, esos ingresos no reflotaron económicamente al 66,3 por ciento de la población de la costa de Ecuador, la principal zona productora, que está sumida en la pobreza.
 
El tema laboral fue objeto de discusiones entre Quito y Washington para la inclusión hasta el 2006 de Ecuador en un programa estadounidense extendido de preferencias arancelarias otorgado además a Bolivia, Colombia y Perú por sus esfuerzos en la lucha antidrogas.   
 
CASO DE VIOLENCIA, CERRADO
 
Legisladores estadounidenses alertaron en junio a sus autoridades comerciales sobre la necesidad de que Ecuador investigue a fondo un caso de violencia contra trabajadores reportado en mayo del año pasado en la hacienda Los Alamos.
 
La hacienda es de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador y, según los trabajadores, en la plantación se bloqueó la operación de los sindicatos y unos 12 trabajadores resultaron heridos por hombres armados vinculados supuestamente con su empleador. Noboa no ha hecho comentarios sobre el caso.
 
Vallejo indicó que los trabajadores no pudieron comprobar la existencia de violaciones contra la legislación laboral, incluida la concreción de supuestos despidos ilegales o el irrespeto a sus derechos sindicales, por lo que "el tema está cerrado".
 
En lo referente a la denuncia vinculada al ataque por sujetos armados, la ministra indicó que su resolución final está en manos de las cortes locales y, por ende, está fuera de su jurisdicción, una postura que debería ser entendida por Estados Unidos.
 
Ecuador intentará a partir de enero configurar un proyecto de consenso para flexibilizar su sistema laboral a fin de darle oxígeno a su economía dolarizada a través de reformas que faciliten las relaciones entre empleados y empleadores.