El Congreso colombiano aprobó en la séptima de ocho votaciones un polémico estatuto antiterrorista que promueve el gobierno para combatir a los grupos ilegales, el cual es criticado por la ONU porque otorga  facultades judiciales a los militares, se informó oficialmente este miércoles.
 
Luego de diez horas de intensa discusión, el comité de asuntos  constitucionales del Senado aprobó la noche del martes el proyecto, al cual  sólo le falta un debate en el pleno de esa corporación para pasar a sanción  presidencial.
 
Esta última discusión se iniciará el próximo miércoles, según fuentes  legislativas.
 
El estatuto, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogable por un  periodo igual, faculta a las autoridades para detener personas bajo sospecha y  realizar allanamientos sin orden judicial, e interceptar comunicaciones y  correspondencia.
 
Además, amplía de 36 a 72 horas el plazo para que los capturados sean  puestos a órdenes de una autoridad judicial, lo que modifica el recurso del  hábeas corpus.
 
La iniciativa también autoriza los registros obligatorios de residencia de  los habitantes -empadronamientos- y faculta a la Fiscalía para otorgarle  funciones de policía judicial a miembros de las Fuerzas Militares, lo que les  permitiría recolectar pruebas y hacer levantamientos de cadáveres en zonas de  difícil acceso.
 
Al celebrar la aprobación tras prolongados y acalorados debates en los que  el proyecto estuvo a punto de hundirse, los ministros de Interior y Justicia,  Sabas Pretelt, y de Defensa, Jorge Uribe, aseguraron que se trata de una  importante herramienta para combatir a los grupos irregulares.
 
Uribe aseguró que la iniciativa tiene los controles y las salvaguardas  necesarias para evitar cualquier exceso, mientras que Pretelt se expresó  "complacido" al señalar que la norma "se aprobó con una amplia mayoría y con  todas las garantías para los ciudadanos".
 
El director en Colombia de la oficina del alto comisionado de la ONU para  los derechos humanos, Michael Frühling, ha hecho, incluso en el seno del  Congreso, objeciones al proyecto por considerar que restringe las libertades  individuales.
 
"La Oficina considera que Colombia posee ya herramientas constitucionales y  legales para cumplir los requerimientos de orden público en materia de  prevención y combate del terrorismo", indicó Frühling el pasado 23 de  septiembre ante el Legislativo.
 
Según Frühling, varias de las medidas del estatuto antiterrorista son  "incompatibles" con las normas internacionales que Colombia se ha comprometido  a cumplir.
 
Además de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la  Organización de Estados Americanos (OEA) ha alertado sobre las consecuencias  que este proyecto tendrá para la población civil.