Representantes de la iglesia y ambientalistas pidieron transparencia a los jueces y la no intervención del Estado en el juicio que 30 mil indígenas inician hoy en la Corte de Justicia de Nueva Loja contra la transnacional petrolera Texaco, por supuestos daños ambientales.
“Es difícil que se dé un juicio imparcial por el poder económico de la empresa y por la influencia del Estado”, afirmó el padre José Miguel Goldáraz, misionero capuchino que trabaja en gran parte de las comunidades indígenas y campesinas de Orellana y Sucumbíos, afectadas por la contaminación petrolera e involucradas en la demanda.
Explicó que el Estado tiene interés en este proceso “por mantener buenas relaciones con estos grupos de poder que solucionan sus problemas económicos, más todavía si en el país hay clases sociales que se favorecen con sus recursos”.
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La ambientalista norteamericana Judith Kimerloeing, autora del libro Crudo amazónico, que denuncia la contaminación petrolera en la Amazonia ecuatoriana, indicó que los resultados del juicio de las comunidades indígenas contra la petrolera Texaco dependerán mucho de la rectitud de los jueces, “pero lamentablemente en este país se han denunciado muchos casos de corrupción en este campo”, señaló.
El presidente de la Corte de Justicia de Nueva Loja, Alberto Guerra, dijo que ninguna persona, institución o Estado, debe dudar de la integridad de los magistrados ecuatorianos.
