AGD depende de la Contraloría

Las quejas contra el procedimiento de la Agencia para cobrar deudas no solo las cuestionaron empresarios, sino  clientes con obligaciones menores.

El balance de la gestión de cobro a los deudores de la banca cerrada -entre mayo y junio de este año, periodo durante el cual se realizaron las incautaciones- arroja como resultado un total de 22.000 juicios de coactiva, según una auditoría interna de la Gerencia Jurídica de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El informe sostiene que de la implantación de estos procesos “evitó la prescripción” y destaca las medidas cautelares. Esto habría permitido “una recuperación de 443’437.420,81 dólares en efectivo, papeles, reestructuración y dación en pago”.

Según la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, basándose en el reporte, se trata de una cifra récord si se toma en cuenta que “entre enero del 2001 y abril del 2003 se iniciaron 2.842 juicios, se dictaron 173 embargos, se contrató a 30 abogados y la recuperación fue de alrededor de 53’758.839,23 dólares”.

La comparación de resultados frente a las anteriores administraciones ha sido la constante en las actuales autoridades de la AGD.

Sin embargo, apenas se aplicaron los procesos de incautación, la AGD comenzó a recibir demandas de personas y empresas que se sentían perjudicadas porque sus nombres aparecieron en las listas de deudores.

La primera nómina, publicada el sábado 24 de mayo, incluyó a 5.490 morosos de la banca cerrada. El lunes siguiente decenas de personas se acercaron a la AGD: algunos para ponerse al día, otros para reclamar porque aparecieron sin justificación.

Una semana después, Salgado reconoció los errores e indicó que la lista contenía información de 1995.

En ese momento se prometió sacar una segunda nómina depurada, que junto a la de más deudores, se publicó el 21 de junio, con 16.722 nombres.

“Eso provocó que los deudores se acercaran a pagar sus obligaciones. Lo que nunca había pasado antes”, argumentó Salgado.

Pero nuevamente hubo reclamos. Mucha de esa información no fue actualizada y se repitieron errores, incluso se publicaron nombres de supuestos morosos que aparecían con deudas de cero dólares.

A las personas que aparecieron como morosos se les congelaron sus cuentas, se les prohibió traspasar sus bienes y salir del país, entre otras medidas cautelares.

En esa oportunidad apareció una lista independiente, en la que había más de 300 nombres de personas naturales y empresas que tienen deudas con la banca cerrada. A ellos se les levantaron las medidas cautelares pues negociaron una forma de pago con la Agencia.

Sin embargo, morosos que tienen deudas de baja cuantía y que acuden a la AGD a presentar un plan de reestructuración, se quejan por el tiempo que deben esperar (hasta tres meses) para conocer una respuesta, mientras, ellos deben continuar cancelando la misma cantidad para evitar medidas de incautación y embargo.

La figura de la incautación recibió muchas críticas de los sectores empresariales y las cámaras de la Producción, que cuestionaron, públicamente, el procedimiento legal seguido por el abogado de coactivas de la AGD, Bolívar González. 

La AGD quebrantó la seguridad jurídica, dijeron sustentados en la Constitución, debido a los errores cometidos.

Los empresarios también consideraron que la AGD se excedió en el ejercicio de sus atribuciones y violó el debido proceso, pues toda persona tiene “el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones”.

También se señalaron otras supuestas violaciones al Código de Procedimiento Civil y otras leyes como la de Compañías.

El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, se hizo eco de las críticas y exigió un detalle del cobro de la cartera.

El 24 de julio, Salgado dijo que le envió un informe, que a decir de Gutiérrez, recién le llegó en agosto.

El 22 de ese mes, la AGD decidió cambiar la figura legal de “incautación” por la de “embargo”, que no se necesita de la presencia de la Policía ni plantea dejar a un funcionario a cargo de las empresas intervenidas.

El embargo comienza con una notificación verbal que luego se hace efectiva cuando se inscriben en los registros de la propiedad.

Este nuevo proceso tuvo inconvenientes, en algunos casos no se encontró la dirección de los bienes de los deudores y en otros se visitó domicilios de personas que ya habían reestructurado sus obligaciones.

Por esto, desde la semana pasada, antes de emitir el listado de deudores a los que se les va a aplicar la coactiva, los casos pasan a ser analizados por el departamento de crédito. Con esto se intenta que el porcentaje de errores en el proceso sea menor y lograr que la recuperación de las deudas aumente.

Salgado dice estar consciente de los errores que le acarrearon 25 juicios en contra y que su misión es cobrar las deudas.

No obstante, la legalidad del cobro y de los procedimientos utilizados por González fueron puestos en duda por el presidente Gutiérrez y el directorio de la AGD, presidido por el ministro de Economía, Mauricio Pozo, quienes el pasado 13 de agosto pidieron una auditoría legal de la Contraloría.

Será el organismo de control el que determine la permanencia de la actual administración de la AGD y el futuro de la recuperación de la cartera, que ha estado sin ser cobrada desde que la AGD fue creada, en diciembre de 1998.