A esa decisión se une el rechazo de ayer del Parlamento regional vasco a declarar la suspensión “de grupo alguno” al no encontrar base para ello en la resolución judicial emitida por Garzón el pasado 26 de agosto, suspendiendo las actividades de la coalición separatista Batasuna por tres años (ampliables a cinco).
Restringe derechos
La decisión del Gobierno regional vasco se basa, según explicó ese portavoz, en que el auto judicial contiene “restricciones a los derechos de reunión y manifestación”.
Garzón, que es magistrado en la Audiencia Nacional de España, suspendió las actividades de Batasuna, considerada como el brazo político de ETA, por considerar que existen suficientes elementos que prueban la relación entre ambas organizaciones.
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El auto del magistrado suspendía también las manifestaciones y actos públicos en favor de ese partido y las subvenciones públicas que recibía como partido de parte de organismos públicos centrales o locales.
El portavoz del Gobierno regional vasco explicó que presentarán la querella porque estiman que los autos de Garzón “son injustos, menoscaban la competencia del Gobierno y abocan a graves limitaciones del derecho de manifestación y reunión”.
Para Imaz, las medidas de Garzón “vacían de contenido las funciones del Departamento de Interior”, y son una expresión que afecta a personas que no tienen que ver” con Batasuna.
