Los importadores de carne solicitaron ayer ante el Consejo Consultivo, que el Gobierno autorice la adquisición del producto en los mercados externos.

Una fuente del sector ganadero comentó que la solicitud llega a las 450 toneladas y que los productores se opusieron a tal posibilidad. El último grupo advirtió al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre los efectos que una importación de esa magnitud provocaría en el país.

El Consejo Consultivo de la Carne, encabezado por el subsecretario de Políticas, Comercio e Información Sectorial, César Loayza, se reunió ayer en la mañana.
Según los productores, existe una sobreoferta de carne en el mercado interno y la producción nacional abastece, totalmente, la demanda. De enero a septiembre, el país ya importó 70 toneladas de carne.

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El ministro de Agricultura, Galo Plaza Pallares, sostuvo hace una semana que la decisión de importar carne desde Argentina estaba en manos del Consejo e informó que los camales argentinos cumplen con normas de calidad necesarias para efectuar una exportación. Una delegación de técnicos del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) viajó a ese país para inspeccionar su infraestructura.

Esa actividad se cumplió, según Plaza, luego que su similar argentino advirtió que su país no compraría más camarón ecuatoriano si no había una inspección de los camales que operan en ese país.

Pedido
Los representantes del sector porcicultor, que también participaron en la reunión de ayer, exigieron al Ministerio que impida el ingreso de carne importada.
El Consejo prevé reunirse, la próxima semana, en Guayaquil para debatir el tema.

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Consejo  de la leche
QUITO

Ayer en la tarde se reunió el Consejo Consultivo de la Leche para intentar una conciliación de las posturas de productores e industriales sobre el precio del litro de leche.

Juan Pablo Grijalba, de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Amazonia, dijo que los productores insistieron en la necesidad de una fórmula de pago fundamentada en el precio final para el consumidor (70% del precio para los productores y 30% para los industriales), la industria mantiene, en cambio, su posición: la libre fijación del precio.