La actitud indiferente o agresiva asumida por el Estado colombiano ante las decenas de miembros de la fuerza pública y políticos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen como "prisioneros de guerra" no se puede "tolerar impasiblemente", según un mensaje del grupo guerrillero divulgado hoy por medios periodísticos locales.
Esa actitud "raya en la irresponsabilidad, en la medida en la que se puede afectar el físico y la integridad de los cautivos", advirtió el grupo insurgente, que exige la gestión de una ley de canje de las personas que tiene cautivas por rebeldes presos.
Las FARC insistieron en el intercambio humanitario como salida a esta crisis de rehenes en un vídeo que su jefe político, Alfonso Cano, envió a los organizadores de un encuentro nacional sobre secuestrados.
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Los apartados centrales de la declaración del líder guerrillero fueron hechos públicos hoy por un corresponsal de la radio bogotana "Caracol" en Neiva, ciudad sureña que recientemente reunió a familiares de colombianos víctimas del secuestro.
Más de 1.750 personas han sido secuestradas en lo que va del año en el país, que registra una media histórica de 3.000 casos de este delito, la más alta del mundo.
"No se puede tolerar impasiblemente que el Estado colombiano, a través de sus personeros más importantes, más destacados, asuman una actitud de total indiferencia o una actitud muy agresiva" en relación con la suerte de los retenidos, afirmó el jefe rebelde.
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Cano dirige el llamado Movimiento Bolivariano, partido político clandestino creado por la principal guerrilla colombiana.
Según el jefe rebelde, cuyo vídeo fue confiscado por las autoridades, esa postura oficial contrasta con la preocupación y el deseo de los familiares de los "detenidos de la guerrilla" y los "detenidos por el Estado" de ver libres a los prisioneros.
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La actitud estatal es de "impasibilidad" y "deshumanización" ante un asunto que "es absolutamente sensible para todos nosotros", continuó Cano, quien invitó a hacer "caer toda la fuerza" sobre las instancias que deben decidir el canje, para que "lo hagan con la mayor celeridad posible".
Las FARC insisten en una ley de canje desde septiembre de 1998, cuando tenían como "prisioneros de guerra" a unos 400 militares y policías, la mayoría de los cuales liberaron a finales de junio de 2001.
Esto fue hecho como un gesto favorable al proceso de paz que celebraban con el Gobierno del ahora ex presidente Andrés Pastrana, quien lo rompió el pasado 20 de febrero.
Para presionar la ley de canje, los rebeldes dejaron como rehenes a 47 oficiales y suboficiales de la fuerza pública, grupo al que han agregado a cinco congresistas, un gobernador, un ex ministro de Defensa, un ex gobernador, doce diputados regionales, una ex candidata presidencial y una ex aspirante a la Vicepresidencia.
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Los políticos fueron secuestrados en distintas regiones colombianas de junio de 2000 a febrero último, cuando se produjo la retención de Ingrid Betancourt, quien entonces aspiraba a la jefatura del Estado en los comicios del 26 de mayo último, junto a su compañera de fórmula Clara Rojas.

















