Unos 57 turistas, entre ellos británicos, italianos y estadounidenses, estaban en hoteles dentro del parque nacional en el norte de Guatemala, pero no resultaron lastimados, dijo a Reuters el jefe de policía local, Saúl Aguirre.
"No están dejando salir a nadie, no hay duda de ello", dijo a Reuters Niall MacDonald, de 24 años, uno de los siete británicos atrapados en el parque.
"Estamos cansados, y mientras el tiempo transcurre, nos ponemos un poco más nerviosos por cómo se va a resolver esto", dijo y explicó que muchos de los turistas han perdido vuelos y otros se han quedado sin dinero.
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MacDonald dijo que alrededor de media docena de niños se encontraban entre los turistas atrapados y que productos como pañales ya se habían acabado.
Los extranjeros quedaron atrapados en momentos que unos 1,000 ex "patrulleros civiles" reclutados en el servicio militar en el apogeo de la guerra civil de 1960-1996, demandan una compensación del gobierno por haber ayudado a combatir a los rebeldes izquierdistas en el conflicto a principios de la década de 1980.
Aguirre dijo que los manifestantes protestaban a la entrada del parque nacional, a unos 17 kilómetros de las pirámides emplazadas en medio de la selva, sin dejar salir a nadie.
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"(Los turistas) están tranquilos, pero algunos están muy ansiosos por irse", dijo a Reuters el administrador del parque, Otoniel Caal.
Una portavoz del Ministerio de Turismo de Guatemala dijo que otros 22 turistas que habían estado esperando en la entrada pudieron partir e iban rumbo a la ciudad turística cercana de Flores.
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Caan comentó que los turistas se refugiaron dentro de los hoteles después de enterarse del bloqueo.
Otro de los grupos de la asociación de ex paramilitares --que agrupa a 15,000 personas-- cerraron también el aeropuerto que funciona cerca de las ruinas, bloquearon una carretera que lleva a la Ciudad de Guatemala y rodearon una refinería de petróleo.
Byron Barrera, el portavoz del presidente Alfonso Portillo, dijo a Reuters que el gobierno estaba negociando con los líderes del grupo que dejaran partir a los turistas.
El gobierno además estaba considerando sacar a los extranjeros con helicópteros, o en el último de los casos enviar a fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes.
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Un estimado de 1 millón de personas, en su mayoría indígenas mayas, fueron enrolados como patrulleros civiles y obligados a atrapar a rebeldes durante la campaña para eliminar a los insurgentes a principios de la década de 1980.
Culpados por grupos de derechos humanos de cientos de masacres rurales, los patrulleros se disolvieron antes de los acuerdos de paz de 1996.
Sus miembros no estaban habilitados para recibir tierras bajo los acuerdos de las Naciones Unidas, al revés de los rebeldes.
Barrera dijo que el gobierno carecía del dinero necesario para satisfacer la principal demanda de los patrulleros, de que cada uno sea compensado con 2.500














