La primera pregunta que se me ocurre es, si los miembros del Tribunal Constitucional tienen conciencia de la dimensión de sus actuaciones. Si acaso miden sus actos teniendo en cuenta que más allá de ellos no está nadie, que son el último recurso ciudadano.

Y hago esta pregunta al conocer el insólito tratamiento dado por ese Tribunal a una solicitud de alrededor de 4.500 demandantes que plantearon la inconstitucionalidad del reglamento dictado por Gustavo Noboa a propósito de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, reglamento que tuvo el dudoso mérito de anunciar la liquidación de uno de los mayores refugios del ahorro popular en nuestro país: las cooperativas de ahorro y crédito.

Entre el presidente Noboa y el Superintendente de Bancos tejieron una trampa al ahorro popular, y colocaron en la mencionada reforma medidas tendentes a controlar el cooperativismo y a matarlo en cierto sentido. Y lo hicieron, no sin cinismo, a nombre del “cuidado” de los ahorristas amenazados por la falta de control sobre las cooperativas. Con la novedad de que quienes quebraron en 1999 fueron los bancos “cuidados” por la Superintendencia, mientras las cooperativas, que en gran parte de los casos viven rodeadas de un control social, porque son parte de una vida comunitaria que no existe entre los grandes del sistema financiero, se mantuvo como la custodia de los pequeños capitales.

La voracidad del sistema financiero no solo ha significado que el campo vea emigrar toda su riqueza monetaria a las ciudades, sino que ahora se ha servido de un Superintendente y de un Presidente de la República para un nuevo zarpazo.

¿Y el Tribunal Constitucional? Ahí, inútil, votando contra la demanda de inconstitucionalidad planteada por las cooperativas sin saber muy bien qué votaba, en medio de ese oscuro debate sobre el IESS.

“Alguien” introdujo en el plenario el informe de la segunda comisión que echaba abajo las esperanzas de las cooperativas. ¿Sabe el plenario del TC quién fue ese “alguien”? ¿Sabe qué ocurrió en esa Segunda Sala y cómo se produjo el informe? ¿Conocía el plenario del TC que los demandantes de la inconstitucionalidad pidieron oportunamente audiencia para ser escuchados, en vista del procedimiento que se estaba gestando en la Segunda Sala? Seguramente no lo saben, y votaron sabiendo que nada sabían. Y que, de pronto, del fondo de la manga de alguien, apareció en el orden del día, entre los vericuetos del debate sobre el seguro social, un informe de graves consecuencias.

Este nuevo salvataje bancario puede llegar y superar los 300 millones de dólares, si las cooperativas no alcanzan a cumplir las caprichosas exigencias introducidas por el superintendente de Bancos, Miguel Dávila, en un reglamento con el que el presidente Noboa hizo caso omiso de una de las conquistas constitucionales de 1998: el derecho a existir del sistema financiero comunitario.

Vivezas de un régimen y “gajes del oficio” de un Tribunal sujeto al dictado de los naipes políticos.