El Gobierno argentino no logró imponer su proyecto para cambiar la ley que castiga delitos bajo la figura de la “subversión económica”, considerada por las autoridades como una de las condiciones para recibir dinero del FMI.
La ley deberá volver a ser debatida por el Senado, que hace dos semanas optó por derogarla según las exigencias del FMI, en una decisión que causó una gran polémica, incluso dentro del Partido Justicialista al que pertenece el presidente Eduardo Duhalde.
El mandatario amenazó con renunciar si los legisladores rechazan la reforma, aunque reiteró que no se anticiparán los comicios generales.
El FMI considera que esa norma, que fue sancionada en 1974, aleja las inversiones extranjeras.
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Varios banqueros son juzgados bajo esa ley, que tipifica delitos económicos como vaciamientos de empresas o de entidades financieras.
