Vicecanciller Jaime Marchán dice no a visas para colombianos

El documento que contiene esta propuesta, y que ha sido elaborado por el Consejo Consultivo de Política Migratoria, se enviará al Presidente de la República para que decida.

El vicecanciller Jaime Marchán explicó el estado de la discusión del tema; sin embargo aclaró que la Cancillería se opone al visado de colombianos por sus repercusiones diplomáticas. La Cancillería forma parte del Consejo Consultivo, se suman los miembros del Ministerio de Gobierno y de la Policía Migratoria.

Queremos seguir en la línea política de la integración. Si vamos a la imposición de los visados tenemos que pasar por un proceso de renuncia de los convenios, eso afectaría los compromisos internacionales. No hemos recibido aún la propuesta del Consejo Consultivo de Política Migratoria, pero mantenemos nuestra posición institucional en el sentido de que visados no, pero sí mayores controles.

Lo que hemos dicho es que están vigentes dos instrumentos: uno, el bilateral, que es el convenio de 1990 de Esmeraldas que rige desde 1992 y establece los no visados para los turistas que ingresan al Ecuador. Luego, el año pasado, los presidentes andinos aprobaron la Decisión 503 que entró en vigencia el 1 de enero de este año y estableció la abolición de visados para la CAN. Esos documentos fueron diseñados, justamente, para promover y facilitar el intercambio y libre tránsito de personas, vehículos y bienes, con el espíritu de propiciar la integración.

Hay que ver en qué ámbito se sitúa cada problemática; Panamá no es parte de la CAN y Venezuela abrió una moratoria con todos los países hasta el 31 de diciembre del 2004.

Cualquier país podría salirse del carril de la integración y decir ‘yo renuncio al convenio con Colombia’. El convenio no es una camisa de fuerza; lo firmamos, pero el artículo 107 establece la posibilidad de que Ecuador diga ‘no lo aplico’.

Nosotros pensamos como institución, sin perjudicar la decisión que tome el Consejo de Política Migratoria, puede ser que vaya en la dirección de la Cancillería, o puede ser que se cambie esa opinión.

Hay problemas de inseguridad que no queremos disminuir ni soslayar; reconocemos que el conflicto interno de Colombia puede generar presiones de migración indeseable al Ecuador.

El Consejo de Política Migratoria está analizando cuáles son las repercusiones en cada uno de los campos. Yo podría anticipar una: necesitaríamos implementar un número enorme de funcionarios de migración en la frontera para tramitar los visados a los más de 200 mil colombianos que visitan lícitamente el Ecuador cada año.

Hay varias: una es la tarjeta andina migratoria que viene a cumplir el mismo requisito de un visado porque es un documento que tiene que ser llenado con el nombre, para qué ingresa y el tiempo autorizado de permanencia de hasta 90 días. Consideramos que este es un instrumento que, bien aplicado, va en la decisión correcta de impedir el ingreso de personas con propósitos ilícitos.

Otra medida es incrementar los controles en los puestos irregulares de frontera que son más de 100; la Comisión Fronteriza Binacional tiene mecanismos para controlar esos pasos. También hay los centros de atención en frontera de la CAN destinados a controlar aduanas, tránsito y migración.

Esa aplicación no corresponde a la Cancillería, sino a las autoridades de Migración en los puestos fronterizos; lo que la Cancillería hace es establecer las políticas de acuerdo a los compromisos internacionales.