De nuevo las eléctricas

El Ecuador intenta privatizar las ineficientes distribuidoras eléctricas. Una oposición política ciega amenaza con dilatar más este necesario momento, no solo para el sector eléctrico, que por medio de estas atraerá la inversión necesaria para modernizarse ($ 1 billón en los próximos diez años), hacerse competitivo y terminar el déficit; sino también imprescindible para el resto de nuestra economía que una vez dolarizada necesita urgentemente inversión privada para sobrevivir.

Eso, sin tomar en cuenta que la venta de las empresas adicionalmente beneficiará en $ 383 millones a las diferentes provincias que podrán utilizar ese dinero para la construcción de carreteras o puentes, mientras mantienen el restante 49% de las acciones en sus manos.

Unos políticos olvidan que los ecuatorianos de menos de 35 años estamos ya cansados de vivir en un país en eterna crisis. Ahora tenemos la invaluable oportunidad de vivir sin recesión. Es nuestro momento, no el de unos politiqueros que lo están desperdiciando en discusiones. ¿Acaso ellos no se dan cuenta que en el mundo exterior el sector eléctrico está en manos privadas y que uno de los pilares del desarrollo es la participación del sector privado en los ámbitos reservados de la economía?
Paulo Falconí Palacios
Londres, Reino Unido

El Gobierno se empeña en venderlas, pese a que tiene el espejo de Argentina en qué mirarse. Una gran parte del pueblo ecuatoriano, se opone a rajatabla a la venta, pese a que está consciente de que el Estado no tiene recursos para modernizarlas.

Dos posiciones opuestas, sin términos medios y al parecer, irreconciliables.

Bajo el paraguas de la modernización, Argentina vendió todo: empresas telefónicas, eléctricas, ferrocarriles,  etcétera. Muchas generaban utilidades al país y las entregó a precios de remate.

Hoy Argentina no tiene ningún activo y la plata de esas ventas se la rifaron los políticos en los últimos diez años. Resultado, un pueblo hoy hundido en la miseria.

Al que compre las eléctricas, el Estado ecuatoriano no lo puede obligar a que invierta en modernizarlas. Si le conviene invertirá; pero si el negocio es bueno así como lo recibe (y las eléctricas bien administradas lo son), ¿para qué va a invertir?

El Gobierno de Noboa olvida que la legislación contempla la figura de la concesión. Un contrato de concesión por 50 o 90 años, equivaldría a una transferencia de dominio por ese lapso. Entre las cláusulas del contrato habrá las que obliguen al concesionario a invertir tantos millones cada año, so pena de rescisión. Con esto, el Estado continúa como dueño de las empresas, no pierde el control sobre estas y se garantiza que el nuevo administrador invierta en modernizarlas y no venga solo a llevarse las utilidades.
Ab. Oswaldo Lucero Solís
Guayaquil

 Las empresas de distribución eléctrica, igual que las empresas de telecomunicaciones, nunca publican un estado de pérdidas y ganancias como lo hacen las empresas privadas.
Si no sabemos el estado real de las empresas de servicio, ¿cómo pueden pretender subir las tarifas bajo el pretexto de sincerarlas?

Esto es solo otra maniobra del Gobierno para meter la mano en nuestros bolsillos.
Ing. Ralph Loffredo B.
Guayaquil