La Superintendencia de Bancos (SB) analiza una nueva propuesta para reformar el decreto 2132 que obliga a controlar a todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito y a aumentar el capital social a 200.000 dólares en 4 años. Hasta la fecha solo 26 entidades están bajo su vigilancia.

Ahora se discute el establecimiento de un límite mínimo en los activos entre 20.000 y 30.000 dólares para que puedan registrarse en la Superintendencia, informó un técnico del organismo.

El técnico, quien prefirió no identificarse, dijo que el objetivo es que las cooperativas rurales y pequeñas no desaparezcan. “Con el decreto se obliga a las financieras a fusionarse, aumentar el capital o a liquidarse. Con esta fórmula se podrán salvar muchas cooperativas de áreas rurales y de bajo capital”, agregó.

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Con eso se aliviarán los conflictos, explica el funcionario, ya que ese decreto pone en peligro la estabilidad de las 350 cooperativas que son controladas por el Ministerio de Bienestar Social.

Para Édison Yandú, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac) la propuesta trata de remediar los errores y los perjuicios al sistema cooperativista.

“Eso no cambiará nuestra posición. El decreto es inconstitucional y no cederemos porque ya tenemos una Ley de Cooperativas que nos ampara”, aseguró Yandú.

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La Fecoac critica al organismo de control bancario porque sus nuevas exigencias debilitaron y afectaron en algunos casos las estructuras legales de las cooperativas.

Según Yandú, ahora los socios no saben qué hacer y por eso esperan la resolución del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentaron.

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Según Yandú, hasta ahora solo 25 cooperativas accedieron y no las 80 como se señala, ya que las otras pusieron cláusulas de salvedad.

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac) solo tiene registradas a 284 entidades.

MEJORAS

Las cooperativas de ahorro también emitirán cédulas hipotecarias para financiar la construcción de viviendas para sus socios y clientes.

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Además  ampliarán sus servicios financieros: chequeras, tarjetas de crédito y de débito, etcétera.

Estos solo serán ofrecidos por las 26 cooperativas que están bajo control de la Superintendencia de Bancos (SB) y que acumulan activos superiores a 183 millones de dólares.

Las otras  350 entidades que están vigiladas por el Ministerio de Bienestar Social no podrán ampliar sus servicios hasta que no estén sujetas a las reglas de la SB.

Hasta la fecha, solo 80 entidades presentaron las solicitudes y el resto se niega al control.