En 1990, el usuario residencial pagaba menos de 6 centavos por kw/h. Para 1996 llegó a cancelar 12 centavos. El mercado se estabilizó a partir de 1998.

La privatización eléctrica se inició en 1984, cuando las actividades de distribución se separaron y las asumieron las empresas regionales de energía. En ese año, la estatal Electroperú se encargó solo de la generación.

El proceso tomó impulso en 1993, cuando se inició el saneamiento de las empresas, previa su venta. En el caso de Electroperú, las tarifas se incrementaron en el 700%.

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Electroperú se dividió en cinco generadoras; en igual número lo hizo Electrolima. El Estado obtuvo 1.393 millones de dólares.

El proceso redundó en el aumento de potencia; desde 1994, las empresas privatizadas invirtieron $ 682 millones. En consecuencia, aumentó la electrificación; en 1992, era del 47% y en 1999 llegó al 75%.

El proceso tuvo un alto costo social: el recorte de empleos superó el 50% en algunos casos.