La droga es principal enemigo

WASHINGTON

Voceros oficiales niegan que se contraten mercenarios para la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

Cuando Estados Unidos habla claro, todos entienden. Ahora, además, lo hace, con el ceño fruncido, mostrando los dientes y con los puños cerrados.

El compromiso de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico llega a percibirse como una cruzada nacional. Salvo matices, demócratas, republicanos y analistas de centros especializados coinciden en que el combate a las drogas en Colombia debe tener igual fuerza que la lucha contra el terrorismo, más aún ahora, luego del 9-11 (septiembre 11), como conocen a la fecha de los ataques a las torres gemelas.

Bajo esa premisa, se les hace difícil entender la suspicacia de los países afectados por la crisis colombiana y su desbordamiento en las fronteras, de que hay una línea muy frágil que separa la lucha contra las drogas y la que se libra contra la subversión, insurgencia y guerrilla.

El argumento es simple: Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. Colombia es el principal productor de drogas en el mundo. Conclusión obvia: erradicando la producción y controlando el consumo se neutralizaría este flagelo del siglo XX.

Por ello, plantearle a las autoridades estadounidenses la preocupación desde una óptica latinoamericana y ecuatoriana en particular, de que el problema de la región es la corrupción, la pobreza, la desigualdad social, los malos gobiernos, la fallida política económica y el narcotráfico, les resulta difícil de digerir.

Dan por hecho también que el Plan Colombia tendrá éxito, que la Iniciativa Regional Andina, IRA (que busca apoyar a los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, Brasil y Venezuela en su lucha contra el narcotráfico), atenderá la demanda de los países vecinos, que la Agencia Interamericana para el Desarrollo, AID, financiará programas adicionales y que, incluso, se fortalecerá la sociedad civil.

El presidente George Bush, republicano, o conservador, como se diría en Ecuador, está en la cresta de la ola de la popularidad por su combate al terrorismo de Al Qaeda y eso le ha valido para empujar la IRA, pese a que la relación de fuerzas está equilibrada con sus rivales del partido Demócrata: en el Congreso hay 222 republicanos y 211 demócratas, mientras que en el Senado hay 50 demócratas, 49 republicanos y un independiente. En Estados Unidos casi toda las decisiones de política exterior pasan por la aprobación del Congreso, que asigna los fondos, reglamenta los convenios y aprueba los tratados y el debate en el Senado.

Bajo este tipo de argumentos se realizó un encuentro entre periodistas de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Panamá y Brasil, invitados por el Departamento de Estado de los EE.UU. para debatir sobre el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y conocer los proyectos norteamericanos en este sentido.

Vietnam no se repetirá

Los estadounidenses tienen algo muy claro cuando hablan del Plan Colombia: no se volverá a repetir el error de involucrarse en una guerra lejana como ocurrió en Vietnam. Además, la opinión pública y la clase política norteamericana tiene muy fresco el papel jugado en el conflicto de Nicaragua o El Salvador para permitir que se reedite un capítulo parecido, coinciden en afirmar Larry Storrs, de la oficina de Asuntos Extranjeros, Defensa y Comercio del Servicio de Investigación para el Congreso sobre la IRA, y, el Vicesecretario Adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, Curt Struble.

Storrs afirma que el Congreso vigila de cerca el respeto a los derechos humanos en Colombia y que la crisis no se extienda. Asegura que los fondos asignados son fiscalizados permanentemente para que se usen en su destino original. “Aquí nadie quiere ir a la cárcel por mentir al Congreso”, expresa.

Analistas internacionales sostienen la teoría de que EE.UU. “terceriza” sus guerras, es decir, subcontrata militares retirados para evitar muertos de su ejército que aparezcan como bajas oficiales que demuestren su involucramiento directo, lo que violaría la ley.

Struble responde que claramente está fijada la cantidad de 400 miembros de sus fuerzas armadas y 400 civiles norteamericanos contratados para manejo de las avionetas fumigadoras de cultivos de drogas, mantenimiento mecánico, apoyo administrativo, etcétera.

“En este conflicto no hay mercenarios contratados, ningún informe lo ha dicho, no hay evidencia y los congresistas vigilan de cerca esto”, agrega.

Voces por más ayuda

El Vicesecretario dice que hay límites muy específicos para la ayuda en Colombia, aunque admite que hay voces en el Congreso para extender la asistencia a la lucha contra el secuestro, y además se pide fondos para resguardar el oleoducto petrolero colombiano que nada tiene que ver con las drogas.

Struble acepta que la ruptura del proceso de paz entre las FARC y el presidente Andrés Pastrana puede dar la impresión para los detractores de la IRA de que EE.UU. está cruzando esa delgada línea de solo apoyo al combate antinarcóticos. Recuerda que Peter Romero, secretario para Asuntos Interamericano en la administración de Bill Clinton, publicó un artículo pidiendo ampliar la ayuda a Colombia.

“Esta es la indicación de que los demócratas de inclinación más liberal ven favorablemente este tipo de ayuda e insisten en que Colombia haga más por el control de los paramilitares. Desde mi punto de vista eso ya se cumplió con la Iniciativa Andina y el Plan Colombia, y sobre los derechos humanos ya declaramos terroristas a los paramilitares y exigimos a los militares colombianos que corten sus vínculos con ellos o sean eliminados de la institución”.