La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este 14 de mayo que da seguimiento a las investigaciones sobre la penetración del crimen organizado en la Función Judicial que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, con lo cual pidió al Ejecutivo ecuatoriano garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia y redoblar las medidas de protección a favor del personal judicial y fiscal.

El pasado domingo 12 de mayo, la fiscal general, Diana Salazar, relevó nuevos datos sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y un supuesto plan que la incluía a ella.

“La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables; modificaciones en composiciones de tribunales; retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados”, dijo la CIDH en un comunicado publicado en su sitio web.

Publicidad

“Estos casos se habrían producido en el contexto de agravamiento de la situación de seguridad ciudadana en Ecuador, originada en el accionar violento del crimen organizado”, agregó.

En la nota, la CIDH condenó el asesinato del fiscal César Suárez, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quien estaba a cargo de las investigaciones referidas a la irrupción de un grupo armado en la sede del canal TC Televisión, en Guayaquil, el 9 de enero de 2024.

Su llamamiento al Gobierno nacional instó a luchar contra la corrupción y garantizar la independencia judicial frente a injerencias del crimen organizado transnacional. En la misma línea, exhortó a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, serias e imparciales a fin de enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales por la violencia contra personas operadoras de justicia.

Publicidad

Asimismo, la Comisión advirtió sobre los impactos del crimen organizado en los sistemas de justicia de la región, “que han permitido establecer estructuras paralelas de poder que pretenden cooptar los órganos judiciales, incluso en sus más altas cortes”.

“En estos contextos, los Estados deben adoptar estrategias efectivas para prevenir presiones internas, externas y hostigamientos contra las personas operadoras de justicia”, apuntó. En ese sentido, subrayó que se requiere establecer unidades especializadas que aseguren una capacidad de respuesta real frente a denuncias de corrupción que cuenten con fondos apropiados. También, la remuneración, recursos humanos y técnicos adecuados, así como la capacitación permanente y seguridad de quienes investigan casos de corrupción son condiciones esenciales. (I)