Dejar un sector sin el servicio de agua potable o una vía a oscuras son, entre otras, las consecuencias de robos de distintos tipos de dispositivos que son bienes públicos. La Municipalidad de Guayaquil informó este 29 de abril que, desde el 2023 hasta la fecha, el monto de reposición por daños a la infraestructura pública municipal debido a robo o vandalismo asciende a $ 1′304.432.

El dinero invertido tiene como objetivo devolver los servicios a sectores que temporalmente se quedan sin agua potable o alumbrado público por este tipo de delitos contra la propiedad pública.

Solo en luminarias el Municipio ha gastado en reposición -en once meses- $ 540.000, valor con el que se podrían adquirir 2.700 nuevas luminarias, lo que equivale a cambiar tres veces el alumbrado público de toda la avenida Francisco de Orellana, al norte de la ciudad, según información de la propia institución.

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Los medidores de agua son otro objetivo de los maleantes, que se han sustraído en lo que va del año 1.312 de estos dispositivos, por un valor de $ 83.968 (el año anterior la cifra fue de 8.512 en total, por un valor de $ 544.768). Las tapas metálicas de las alcantarillas son otro de los ‘productos’ más robados como muestran las 3.120 unidades que ‘desaparecieron’ de las zonas rehabilitadas de la ciudad.

Los entes municipales y nacionales responsables de la seguridad deben preocuparse por estos actos que causan un gran perjuicio económico. Ya en el Código Orgánico Integral Penal (art. 189) se establecen sanciones cuando el delito se hace sobre bienes públicos.

¿Por qué no se ha conformado un Distrito Metropolitano que comprenda las zonas urbanas de Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule?

Para aplicar la ley de manera severa es necesario articular estrategias a fin de que los responsables no queden libres, por ejemplo, el uso de la videovigilancia es útil para la detención, pero también debe haber denuncias y seguimiento de los casos.

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En el sector judicial la aplicación de la ley con celeridad es una forma de contribuir con las ciudades y atacar el perjuicio económico, social y de servicios. (O)