Uno de los pilares sobre los cuales se sustenta el Gobierno y el sistema democrático de un país es el aparato judicial, a través del cual se supone que se debe dar a cada uno lo que le pertenece.

Lamentablemente, con el tiempo, parecería ser que en nuestro país este principio se va alejando cada vez más de nuestra realidad. Con excepciones, se observa un deterioro del cual muchos de quienes ejercen el derecho como profesión son también coautores, cómplices o encubridores; y, el pueblo mismo que, harto de la lentitud en el despacho de los procesos, o de la ninguna esperanza de que se le “haga justicia”, termina claudicando ante la extorsión.

Este estado de corrupción, que carcome los cimientos mismos de la sociedad, es muy preocupante e insostenible. De un lado, se encuentra la oferta dineraria y, de otro, en no pocas ocasiones, las amenazas y la presión que sufren los operadores honestos para que los juicios sean congelados o para que se juzgue en tal o cual sentido, so pena de poner en riesgo su vida y la de su familia.

En materia penal, a fin de evitar estos peligros, se ha hablado de implementar la figura de los jueces sin rostros, lo cual evitaría la identificación de estos a fin de no caer en lo que implica la conocida expresión de “plata o plomo”. Sin embargo, no han faltado voces altisonantes expresando que los delincuentes tienen derecho a saber quiénes los van a juzgar. Es decir, que los derechos de los criminales estarían por encima de la vida de los juzgadores y de sus respectivas familias, lo cual es realmente inadmisible.

Pero estos no son solamente los problemas que enfrenta el país con el sistema judicial. En su interior, las acusaciones que se hacen los unos a los otros son extremadamente graves, afectando no solo el normal desarrollo de sus delicadas funciones, sino que, cara al público, se incrementa el grado de incredulidad y desconfianza en quienes las desempeñan.

El desprestigio del aparato judicial y la poca credibilidad en sus operadores hacen, entonces, que la inversión nacional y extranjera se alejen, incidiendo de manera negativa en el desarrollo del país. Según noticia publicada por este Diario el lunes 18, hay 650.000 causas represadas, y justicia que tarda no es justicia.

Ante esto la interrogante es qué hacer para mejorar el sistema, cuando tenemos, además, una creciente ola delictiva y de violencia, provocada, en parte, por los narcotraficantes, cuyo dinero casi todo lo contamina.

Con los secuestros, sicariatos, asesinatos, el descontrol en las cárceles y las denominadas vacunas, desde los más altos estamentos de la sociedad, incluida la Función Judicial, es muy difícil encontrar una respuesta. Recuperar la Constitución del 98 sería una propuesta.

Cuando la moral se aleja de los pueblos y los débiles o corruptos ceden a la tentación, solo una mano firme y honesta puede restablecer el orden que se ha perdido en casi todos los niveles de gobierno y administración.

Es imperativo contar con un sistema judicial independiente de la política, libre de manos ajenas, que tenga en su seno profesionales y funcionarios honestos y conocedores del derecho. De lo contrario, continuaremos con una justicia secuestrada. (O)