Los cambios que sufren las sociedades en el tiempo van dejando caducas las normas que las regulan, por lo que es indispensable actualizarlas de acuerdo con la realidad que se vive. Pero esta es una tarea que difícilmente aborda el Legislativo. Prueba de ello el Código del Trabajo, que data de 1938. En materia penal, el COIP rige desde 2014, pero parecería que fueron timoratos al establecer las penas.

En Criminología se dice que las sanciones no son disuasoras del cometimiento de los delitos y nadie lo consulta antes de ejecutarlos. La pena es un castigo que merece el delincuente por el daño causado y su duración debe estar en relación con la infracción cometida, el grado de peligrosidad y la protección de la sociedad, de la cual se lo debe mantener alejado como medida de seguridad.

Reformas por perfeccionar

Aquí el fenómeno delincuencial ha venido agravándose y vivimos un clima de inseguridad y violencia con el incremento de las bandas criminales que desempeñan un rol importante en el narcotráfico mundial, habiendo pasado de ser un país de tránsito a uno donde se almacena, procesa y distribuye la droga, provocando, además, una disputa por el control de este negocio en las cárceles y en el resto del territorio. Esta ola de violencia se refleja así: de 6 homicidios por 100.000 habitantes en 2016 pasó a 25 por 100.000 en 2022. Y entre enero y junio de 2023 se registraron 3.513 asesinatos, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Los delitos que van aparejados al narcotráfico son los homicidios, asesinatos, secuestros, sicariatos y lavado de activos. Esta es una forma de delincuencia organizada. Hay otra, que subyace y se comete desde las más altas esferas del Estado, a través de los grandes negociados, contratación de la obra pública y sobornos (Petroecuador es el mejor ejemplo), con los cuales se pierde miles de millones de dólares que van a los bolsillos de los que fungen como grandes señores y que son tan criminales como los anteriores, porque ese dinero serviría para sacar de la indigencia a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Otra es la criminalidad que se ejerce desde las esferas judiciales, donde muchas sentencias se venden, siendo algunos operadores de justicia los primeros vacunadores. Hemos visto cómo, haciendo mal uso de herramientas legales, como habeas corpus o imposición de medidas alternativas, ciertos jueces han dejado escapar a grandes capos. A estos delincuentes debiera imponérseles prisión de por vida.

¿Fue de ‘agache’?

La semana pasada se discutieron en la Asamblea 86 reformas al COIP, de 47 proyectos presentados, pero no se logró un consenso. El asambleísta Lucio Gutiérrez propone imponer cadena perpetua para los delitos de peculado, narcotráfico, sicariato, asesinato, femicidio, violación y desaparición forzada de personas, incluyendo jueces sin rostro para su juzgamiento.

Lo más preocupante es que la Comisión incluyó un numeral por el cual se pretende que Fiscalía y otras instancias entreguen información reservada de investigaciones previas, algo totalmente inaceptable, así como la revisión por cortes internacionales de sentencias de última instancia.

Las reformas deben hacerse en el mejor interés nacional y no de ciertos particulares. (O)