Más allá de la definición presidencial en las urnas, el país espera sin demora un acuerdo nacional que debiera empezar a construir el nuevo Gobierno desde el primer día de su mandato, que será corto: de un año y medio; y, por ello, no se puede perder un instante.

Existen temas, todos urgentes pero que deben priorizarse, que merecen el respaldo de los diversos sectores, partiendo de la representación política en la Asamblea, que tendrá la oportunidad de recuperar la imagen tan deteriorada tras su última disolución. El hacer oposición es legítimo, pero otra cosa es obstruir y peor conspirar como ocurriera con la mayoría parlamentaria anterior. Se requiere su aporte, sin cálculos politiqueros, en la construcción de reformas legales necesarias y nuevas leyes.

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Se impone un acuerdo en materia de seguridad, con el impulso del plan nacional de seguridad y la consecución de ayuda internacional, EE. UU. a la cabeza, sin sesgos políticos, sino con pragmatismo y pensando en las angustiosas demandas ciudadanas, que hoy sufren la violencia.

Se impone un acuerdo para construir una política a favor de la generación de empleo pleno, que no se ha podido lograr por las posiciones irreductibles de sectores que solo piensan en sus intereses y no de la gran mayoría (más de cinco millones) que no tiene trabajo formal, sin afiliación al seguro social. Esto implica una urgente reforma laboral, que deberá aprobar la Asamblea para facilitar la contratación.

Se impone un acuerdo para mejorar la atención en salud que permita el acceso de todos a la atención oportuna con la provisión permanente de medicamentos e insumos. Igualmente, se requiere un acuerdo para mejorar el sistema de educación pública, convencidos de que, si no existe un sistema de calidad, no se puede soñar con un país en desarrollo.

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Se impone de manera urgente un acuerdo para afrontar la crisis profunda del seguro social, que va de mal en peor, y que este Gobierno, al igual que los anteriores, fracasaron en sus intentos, han dejado que la crisis se profundice y los fondos de pensiones y de salud, fundamentalmente, estén en condiciones muy difíciles, que de no tomarse medidas oportunas e inmediatas se corre el riesgo de un próximo colapso. No es posible que se siga buscando construir nuevos hospitales, que solo piensan en contratos y coimas, en lugar de impulsar un sistema de salud preventiva y dotar de todos los insumos y medicamentos a los dispensarios médicos.

Se impone una urgente reforma político-electoral que al menos elimine a tanto movimiento, que son empresas electoreras, ofrezca gobernabilidad como sería la elección de asambleístas en la segunda vuelta presidencial, para no vivir secuestrados y chantajeados de las primeras minorías, sea en el Legislativo o en los Gobiernos locales, que llegan sin legitimidad.

Se impone una urgente reforma a la justicia, porque no puede seguir como está, con jueces venales que se burlan con el abuso de las garantías constitucionales y un desprestigiado órgano administrativo y disciplinario que contribuye a la impunidad. Parte de los grandes temas debe ser materia de una inmediata consulta popular para agilizar su aprobación y puesta en vigencia. (O)