Resulta increíble entender que haya ciertas autoridades y funcionarios públicos, directivos del órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, jueces, fiscales, uniformados al más alto nivel, incluso un general de la República que dirigiera el sistema penitenciario, que contribuyan con sus acciones al debilitamiento de las instituciones y al fomento de la corrupción.

Alrededor de 30 autoridades y funcionarios a nivel nacional fueron aprehendidos en el megaoperativo Metástasis, que refleja el nivel de podredumbre que se vive por la corrupción galopante y la evidencia de la narcopolítica en la que han estado inmersos.

‘… en la tapa del piano’

Por su propia boca

En lugar de contribuir a la persecución de estos males, han sido partícipes de una organización delincuencial como sustentar la investigación de la Fiscalía, en uno de los operativos más grandes y contundentes realizados durante los últimos tiempos.

Sin embargo, mientras la Fiscalía realiza un trabajo arduo e intenso, que en este caso no es nuevo ni último, como insinúan, sino que empezó el año pasado, los aliados de la mayoría legislativa luchan por agilizar el proceso de juicio político contra la fiscal, que confirma que el pacto legislativo no ha sido de gobernabilidad sino de la impunidad. Solo juegan con el tiempo.

Tuvieron la audacia de repetir que honrarán la palabra, pero con sus actos demuestran todo lo contrario, no solo con los votos del oficialismo y del bloque de quien dirige la Asamblea, sin reacción inmediata del Gobierno, a pesar de la promesa pública que hiciera el presidente de defender a la fiscal. Reiteran que no apoyan el juicio político a ella, pero votan a favor de su realización. Eso es doble discurso, doble moral. Quieren botarle a quien con valentía viene combatiendo a la delincuencia organizada y sus aliados políticos.

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Si la mayoría de dirigentes y asambleístas creen que pueden engañar a todos los ecuatorianos todo el tiempo, están equivocados. Si creen que todos son tontos y bobos para caer engatusados, están equivocados.

Lo grave de todo es que la mayoría legislativa avanza con un proceso de fiscalización por sobre las normas legales, atropellando procedimientos. Archivan precipitadamente juicios anteriores solo para llegar lo más pronto posible al proceso contra la fiscal.

Esos asambleístas juegan con fuego porque desafían a la institucionalidad e incluso a fallos de la Corte Constitucional, que si asumiera con valentía el hacer respetar sus decisiones, sin cálculos políticos, debiera llegar a la destitución de estos legisladores.

Los asambleístas están desafiando al fallo muy claro de la CC que en su sentencia 122-22-JC/23, de 25 de octubre último, estableció que “la Asamblea y todos sus miembros se hallan frente al deber de sustanciar el proceso de enjuiciamiento político con cabal rigor y apego estricto al procedimiento reglado en la Constitución y la Ley”. Añadió que el ejercicio del poder de control de la Asamblea tiene por su naturaleza un margen de discrecionalidad “pero no de arbitrariedad” y que no pueden abusar de esa facultad. Ojalá el país recupere la plena vigencia del ordenamiento jurídico y respalde las acciones que cumple la fiscal contra la delincuencia organizada. (O)