El hombre y los pueblos debemos aprender siempre de las lecciones que nos dejan los hechos. Por primera vez en la historia del Ecuador, un presidente de la República hizo uso del arma constitucional que tenemos desde el 2008 y mandó a su casa a 137 asambleístas.

“Que se vayan todos”, decía el pueblo, que, en su mayoría, acogió con satisfacción las medidas. Pero, pasado el baile, ya con la resaca nos percatamos de que esto más que bien nos ha traído graves efectos y consecuencias, y lo que es peor, para probablemente volver a vivir lo mismo.

Si los asambleístas, con una impopularidad del 91 % al 96 %, acusados algunos de corrupción, sobornos, cobro de diezmos, narcotráfico, etc., pueden retornar al Parlamento, y el primer mandatario puede ir también a la reelección, por disposición de la propia Constitución, nos preguntamos: ¿cuál es la ventaja o ganancia de este sainete? Más todavía con el voto en plancha que se va a ejercer, que impide la selección por personas.

El desempleo y la desinversión se han incrementado, hay mucho nerviosismo en el mercado, y esta situación se agrava ante la incertidumbre de quiénes vendrán en reemplazo de los que se fueron. Agreguemos que, mientras nos hace falta dinero para invertir en educación, salud y otras necesidades básicas, este nos sobra para gastar $ 109,34 millones –según el medio digital Primicias, el uno de este mes– en un proceso electoral anticipado. Y la inestabilidad económica persistirá hasta que se conozcan los resultados de las elecciones, y, dependiendo de estos, veremos si somos o no sujetos de crédito a nivel internacional.

Instamos a que la academia tome en sus manos la tarea de reunir a los mejores constitucionalistas del Ecuador...

¿Cuáles son las lecciones que debemos aprender con esta base? Que lo acontecido es nocivo para el país y que, por tanto, debe modificarse la carta magna para suprimir la muerte cruzada; que debemos reformar las normas relativas al juicio político al primer mandatario; que es imperativo aumentar los requisitos para ser presidente y parlamentarios; que tenemos que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, toda vez que en manos de cuatro personas, que podrían pertenecer a un mismo partido o movimiento político, se concentra el poder de designar a los titulares de los órganos de control del Estado, y los gastos de su mantenimiento han sido de 153 millones de dólares en 14 años; y permitir que la gente pueda acceder al trabajo por horas, entre otros. No es posible que solo 3 millones de personas tengan derecho al empleo pleno mientras hay más de 5 en la informalidad. Debemos analizar también las estructuras de los partidos y movimientos políticos.

Instamos a que la academia tome en sus manos la tarea de reunir a los mejores constitucionalistas del Ecuador, no extranjeros, para que se redacte una nueva carta magna acorde con nuestros problemas e idiosincrasia, recogiendo las lecciones que nos deja la aplicación de la que fue elaborada a último minuto entre gallos y medianoche en el 2008, y se revisen las disposiciones legales colaterales.

Es hora de que dejemos el cómodo sillón y salgamos por nuestros propios fueros.

Aprendamos de la trágica lección que nos está dejando la aplicación de la actual constitución. (O)