Aunque durante el turno de la tarde del 9 de enero la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Cuartel Modelo casi colapsa con la llegada de al menos 50 detenidos y nueve denuncias por asesinato, una semana después este edificio, donde funcionan oficinas de la Policía, Fiscalía y Judicatura, recibe muy pocos usuarios.

Así lo comprobó este martes, 16 de enero, un equipo de EL UNIVERSO que permaneció en el lugar durante dos horas.

Ahí los funcionarios aún recuerdan el correcorre que se armó después de la toma de rehenes en TC Televisión y la declaratoria del estado de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, lo que permitió que las Fuerzas Armadas salgan a las calles y usen fuerza letal con los grupos delictivos, 22 de ellos considerados grupos terroristas, según el Decreto 111.

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Poco después, empezaron a llegar supuestos integrantes de bandas de terroristas, secuestradores, sicarios y demás sujetos capturados en las calles con armas y explosivos.

A pesar de eso, los fiscales coinciden en que la cantidad de denunciantes que normalmente llegaban en cada jornada ha bajado en estos días.

Ya no se receptan tantas denuncias de robos y otros delitos porque “parece que la presencia de militares y policías en las calles ha evitado que algunos delincuentes salgan”, comentó una funcionaria que llegaba este martes para cumplir su turno.

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‘Los vecinos están perdiendo el miedo y se están animando a denunciar’: esta semana en Guayaquil se triplicó la cifra de denuncias contra extorsionadores

Esto lo corroboran las cifras de delitos que lleva la Empresa Pública de Seguridad de Guayaquil (Segura EP). La entidad reveló que del 1 al 14 de enero ha bajado en un 19 % la cifra de robos, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se pasó de 598 a 487 casos.

En Segura EP operadores, militares y policías analizan llamadas, imágenes de las cámaras y hasta videos que se suben a redes para realizar los operativos y detener a los miembros de las bandas catalogadas como terroristas. Foto Carlos Barros/El Universo. Foto: El Universo

Las muertes bajaron en un 4 % y la violencia intrafamiliar en un 35 %.

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Lo que sí subió es el número de llamadas al 911 para denunciar a los extorsionadores, también conocidos como ‘vacunadores’ que integrarían estas bandas. Solo del 1 al 14 de enero recibieron 233, un promedio de quince diarias. En 2023 se reportaron 1.570 alertas por vacunadores, eran cinco llamadas por día.

¿Cómo se maneja ahora la Fiscalía?

La Fiscalía por seguridad y porque hay menos denunciantes tomó la decisión de unificar las dos unidades de flagrancia de Guayaquil. La que estaba en el edificio Valdivia, de la avenida 25 de Julio, cerró el martes y los fiscales de esa unidad están cumpliendo su turno en las tardes en el Cuartel Modelo. Ahora hay tres fiscales en ese edificio.

Allá atienden a los uniformados que cada día llegan con los aprehendidos que son capturados en los operativos que policías y militares realizan en las calles y en algunos barrios donde se ha determinado que operan las bandas.

Este martes, desde la cooperativa Juan Montalvo llegaron cuatro personas: tres adultos y un adolescente que fueron detenidos con tres armas de fuego y dosis de drogas.

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También llegaron dos jóvenes capturados en un local de un centro comercial de La Garzota cuando llegaron supuestamente para dejar un panfleto. Se los llevaron a la Fiscalía para procesarlos por extorsión.

La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) también llegó con tres detenidos este martes hasta flagrancia. A ellos los capturaron en el noroeste de la urbe, luego que el 14 de enero supuestamente lanzaron una bomba molotov en un negocio de Nueva Prosperina para exigir ‘vacunas’ y el 15 volvieron para amenazar al dueño.

Una moto y un automóvil blanco están entre las evidencias presentadas.

Tres supuestos vacunadores detenidos en La Florida este fin de semana. En el allanamiento les hallaron armas y una libreta donde llevaban un registro de las extorsiones. Foto: Cortesía

Según cifras de la Policía Nacional, desde el 9 hasta el 16 de enero en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se ha logrado la detención de 257 personas, 32 de estas serían procesadas por terrorismo.

Uno de los fiscales que este martes estaba en flagrancia comentó que si bien están receptando menos denuncias, hay más trabajo para legalizar las detenciones.

“Se trae a los detenidos ante el fiscal de turno que verifica que reúne los requisitos para determinar que hay flagrancia. Se pide el parte y se dan los oficios para que se hagan la valoración médica y pruebas de COVID-19. Si traen armas o explosivos se hacen oficios para el reconocimiento de evidencia y otro oficio para que se haga pericia, que se llama barrido electrónico, que sirve para determinar si hay pólvora en las manos”, relató el agente fiscal.

Entre los funcionarios este martes comentaban que un juez había dado medidas alternativas a varios hombres detenidos el lunes en la cooperativa Juan Montalvo.

Pese a que los cinco sujetos fueron capturados con un fusil, una pistola, municiones y drogas, en la audiencia solo uno quedó con prisión preventiva y el resto llevarían el proceso en libertad.

Un fiscal comentó al respecto que siempre pide prisión preventiva y que presumen que en este contexto se hará una investigación para conocer por qué se dio este beneficio a los cuatro procesados por asociación ilícita. (I)