Leandro Norero regaló asesoría en la mayor obra de la emergencia judicial impulsada por Rafael Correa, según una declaración judicial del contratista

En aquella época, el régimen promocionaba a los nuevos juzgados como la solución para que los jueces no tuvieran contacto con ninguna de las partes. La emergencia judicial impulsada por el entonces presidente Rafael Correa Delgado, decían, había diseñado edificios para garantizar la independencia de los magistrados.

Leandro Norero Tigua iba un paso más adelante. Buscó la forma de asesorar la construcción más grande de esa emergencia, el Complejo Judicial Guayaquil Norte, ubicado en La Florida, según declaró ante la Fiscalía el apoderado de la contratista de esta obra.

La constructora es Alessmart S. A. Su apoderado, Pablo Pinillos Martínez, dio su versión libre y voluntaria dentro del caso que se inició contra Norero, varios de sus familiares y otras personas, por presunto lavado de activos.

El apoderado fue llamado a declarar porque la Fiscalía encontró un contrato por el cual Alessmart y la empresa panameña Marzam Services Corp. se habían comprometido a entregarle $ 8,9 millones en efectivo a Norero, para supuestamente invertir en un proyecto inmobiliario que él gerenciaría en Salinas (Santa Elena).

Luego, cuando los chats de Norero salieron a la luz en el caso Metástasis, se supo que ese contrato habría sido fraguado, con el fin de que el capo pudiera justificar $ 6,5 millones en efectivo que las autoridades habían encontrado en su mansión ubicada en Samborondón (Guayas), pues ese dinero era parte de las evidencias del caso de lavado de activos.

EL UNIVERSO reveló que las comunicaciones halladas en los teléfonos de Norero muestran que el documento fue elaborado en julio de 2022 y que, en ese mismo mes, fue notarizado en Panamá con una fecha anterior, de enero de 2021.

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Los mensajes también evidenciaron que Norero y sus abogados utilizaron a policías para introducir secretamente ese contrato dentro de las evidencias del caso, engañando así a la Fiscalía. El viernes pasado, el exsargento de Policía Héctor P. confesó que recibió $ 4.000 de Norero, bajo amenazas, para ingresar el documento en el expediente.

Por su parte, Pinillos testificó ante la Fiscalía que ese contrato era verdadero, que viajó a Panamá en moto en 2021 junto con Norero para firmar el acuerdo y que las empresas sí entregaron los millones en efectivo.

En esa misma versión, que no fue bajo juramento, Pinillos contó que la relación entre Alessmart y Norero se inició en 2012 a propósito de la emergencia judicial.

En ese entonces, Alessmart tenía un capital de $ 800 y había alcanzado, de forma directa, sin concurso, el contrato más cuantioso de la emergencia. El precio original fue de $ 34,8 millones, pero la obra terminó costando $ 64 millones, es decir, con un incremento del 84 %.

Pinillos aseveró: “En esos momentos, al estar desarrollando una obra de tal magnitud y de tal nivel de complejidad, se requirió infinidad de sus contratista (sic), asesores, consultores”. También afirmó que, como EL UNIVERSO había informado que Alessmart era la constructora a cargo del Complejo Judicial Guayaquil Norte, muchas personas acudieron a la empresa a ofrecer sus servicios.

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Fue así, continuó Pinillos, “que en el año 2012 el señor Norero se acercó a ofrecer asesoría en gerencia de proyectos y administración de costos”. Aclaró que en ese momento Alessmart no lo contrató y enseguida agregó: “Pero él es una persona bien insistente cuando se propone algo, nunca dejo (sic) de insistir, en algún momento nos regaló parte del producto que nos quería vender, respecto a esa asesoría de obra”.

Pinillos dio esta versión judicial el 23 de agosto de 2022. Un mes y medio después, Norero fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi.

El proceso por presunto lavado de activos continuó. Ahora, la viuda y dos hermanos de Norero, junto con otras dos personas, enfrentan juicio por este caso. Según los registros de la Función Judicial, la audiencia de juzgamiento se extenderá, al menos, hasta fines de este mes. (I)