Debido a que habrían “concurrido hechos nuevos que acreditan hechos antes no justificados”, la defensa del exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes, procesado por delincuencia organizada en el caso Purga, pide al juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), una audiencia para sustanciar el recurso de revisión a la medida cautelar de prisión preventiva que le hace estar en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil (Guayas).

Desde el 31 de marzo pasado, Muentes permanece en La Roca, luego de ser trasladado en avión y en medio de un operativo de vigilancia que incluyó elementos mipere la Policía, Fuerzas Armadas y del Grupo de Seguridad Penitenciaria desde el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, prisión a la que fue ingresado luego que se le formularon cargos, el 5 de marzo pasado, junto con once personas más contra las que se inició una instrucción fiscal de 90 días.

La investigación del caso Purga se desprende de hallazgos hechos en el caso Metástasis, específicamente pericias al teléfono de Mayra Salazar, comunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas procesada en el caso Metástasis que al momento es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

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El exasambleísta Pablo Muentes, procesado en el caso Purga, se suma a la lista de trasladados a la cárcel La Roca

Los procesados en el caso Purga fueron detenidos en un operativo en el que se dieron 43 allanamientos en Guayaquil y Samborondón, provincia del Guayas, la madrugada del 4 de marzo último. Uno de los allanamientos también alcanzó a la provincia de Pichincha. El 21 de marzo pasado, Pablo Muentes y su primo Fausto A. solicitaron al juez De la Cadena que revise las órdenes de prisión preventiva impuestas, pero los pedidos fueron rechazados.

Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de la CNJ dispuso prisión preventiva para Muentes, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, los jueces Johann M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de Ruth S. y Fausto A. Para el juez Reinaldo Cevallos se dictó arresto domiciliario, mientras que para Mónica A., esposa de Muentes, y el funcionario judicial Saúl M., presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.

Mayra Salazar está en la sala de audiencias de la Corte Nacional con casco y chaleco antibalas. Rendirá testimonio anticipado en el caso Metástasis. Foto Cortesía

Con este pedido Muentes pretende que se le levante la orden de prisión preventiva, quedar fuera de la cárcel para defenderse en libertad y que se le defina cualquier otra medida alternativa a la privación de la libertad: presentación periódica, prohibición de salida del país o uso de grillete electrónico.

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No se conocen cuáles son los hechos nuevos a los que se refiere Muentes para solicitar la revisión, pero de alguna forma tendrían que ver con las “pruebas y evidencias” que aseguró en un comunicado, publicado la tarde del martes 30 de abril pasado, habría reunido en estos últimos casi dos meses y especialmente después del testimonio anticipado que rindió Mayra Salazar, el 28 de marzo pasado dentro del caso Metástasis.

Justamente el cambio de cárcel de Muentes se inició en Latacunga dos días después de que la procesada Mayra Salazar habló en su testimonio anticipado de que el exlegislador socialcristiano se había adjudicado de forma irregular tierras en la provincia del Guayas, ejercía control sobre la justicia de esa provincia y manejaba a la mayoría en el Consejo de la Judicatura (CJ) presidido por Wilman Terán.

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A todo eso Muentes, mediante su comunicado, califica de “mentiras y burdas tergiversaciones”. Admitió no solo conocer a Salazar, a quien dijo llegó a través de la procesada en Purga Fabiola Gallardo, y negó la acusación hecha sobre que él manejaba la justicia en la provincia del Guayas.

“Hago público que conocí a Mayra Salazar a través de Fabiola Gallardo y fue ella (Salazar) quien me ofreció sus servicios de comunicación. En razón de aquello, la contraté para una corta campaña, pues, en ese entonces, yo era víctima de un ataque sistemático por parte de una entidad financiera, particularmente por el abogado Ricardo Noboa, en medios de comunicación y redes sociales. Esta ha sido mi única relación con Salazar. Es absolutamente falso que yo le pagaba un sueldo por estar en la Corte Provincial. No fue jamás una persona de mi confianza, por lo que resulta evidente que ha utilizado información falsa para afectarme y beneficiarse ilegalmente de una cooperación”, expresó Muentes.

En el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se habla sobre la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medida cautelar y protección. Ahí se refiere que cuando concurran hechos nuevos que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados, el defensor privado, de considerarlo pertinente, solicitará al juzgador la sustitución de las medidas cautelares por otras.

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En otra parte del comunicado, Muentes sostiene: “Hace más de 20 años mantengo varios litigios con el Banco del Pacífico debido a las inconsistencias presentadas en los registros de pagos que realicé a esta entidad financiera, lo que provocó que un bien inmueble de mi familia sea ilegalmente rematado por el banco en 2004, a un personaje cercano al mismo Pacífico. Todos los documentos de respaldo son públicos, no debo nada al banco, el crédito fue pagado en su totalidad, tanto es así que el banco no tiene el pagaré que firmé cuando adquirí la deuda porque este me fue entregado al cancelar, o me acusarán de entrar a la bóveda del banco y sustraerme ese documento”.

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Agregó: “Se me acusa de recibir $ 4 millones de indemnización del banco. Falso. Yo no he pedido plata y tampoco he recibido ni un solo centavo, pese a que hay una sentencia ejecutoriada a mi favor. Yo siempre he buscado la devolución del bien, propiedad de mi familia. Fue un perito designado por el Consejo de la Judicatura quien determinó un monto a indemnizar”.

El juez De la Cadena aún no ha definido una fecha para la diligencia en la que se conocerá este pedido de Muentes. (I)