Claudia Garzón, exintegrante de la Comisión de Pacificación de Cárceles durante el gobierno de Guillermo Lasso, asegura que puede aportar evidencias y pruebas de lo que ella trabajó en 180 días, en los que, afirma, su vida estuvo en riesgo, y que por descubrir irregularidades de miembros dentro del sistema penitenciario empezó a ser perseguida y le abrieron algunos procesos, denuncias, todo para callarla.

“Jamás usé mi investidura de ser pacificadora para algo diferente a hacer justicia. Tuve riesgo durante 180 días, sin embargo, di cumplimiento a un decreto presidencial: disminuir muertes, violencias y crueldades. Pude unir ocho líderes de estructuras de crimen organizado, me escucharon, me escuchaban totalmente a tal punto de en que en muchos momentos pude contener muertes”, explicó la ciudadana colombiana que este viernes 15 de marzo fue vinculada al caso Metástasis.

Para la Fiscalía, Claudia Garzón desempeñaba un papel importante en la obtención de numerosas comodidades penitenciarias pretendidas por Leandro Norero (+), pues por medio de su gestión como miembro de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación supuestamente direccionaba tratos privilegiados dentro del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi en beneficio del líder del grupo organizado.

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Ronny Aleaga: Pido seguir compareciendo de una manera segura, es público que estoy fuera del país

Garzón recordó que fue un decreto presidencial firmado por el entonces presidente Guillermo Lasso el que le hizo parte de la Comisión de Pacificación de Cárceles. “No me invitó cualquier persona, fue la máxima autoridad de un país quien confió en las capacidades de una mujer reconocida por un tema de humanización y transformación”.

La vinculada en calidad de colaboradora de una estructura criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero aseguró que se une a la indagación en este caso porque puede aportar pruebas y evidencias que, resaltó, en la investigación hasta el día de hoy no las tiene la Fiscalía, pero ella sí. No dio mayores detalles de ese tema, pues terminó diciendo: “Seguiré humanizando y transformando”, porque cree en la justicia y está del lado de ella y de los organismos de la seguridad.

“Jamás le intimaré al delincuente y si tengo que ser perseguida por humana, que me sigan persiguiendo, mas no por corruptible”, concluyó.

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La fiscal general, Diana Salazar, solicitó al juez de la Corte Nacional Felipe Córdova que para Garzón, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, para la exfiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez y para otras diez personas vinculadas se les ordene prisión preventiva. Al menos las cinco primeras defensas que han participado en la diligencia califican como desproporcionada la solicitud y creen que deben definirse medidas alternativas a la privación de la libertad.

Para Garzón, Aleaga y dos procesados más, la Fiscalía solicitó una orden de localización y captura, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del reglamento de la Interpol (Policía internacional, por sus siglas en inglés), para que sean trasladados al Ecuador y que puedan enfrentar a la justicia y el proceso penal.

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Luego de casi cinco horas de audiencia, el juez Córdova suspendió la diligencia informando que el receso durará una hora. La reinstalación de la audiencia está definida para las 14:45 de este viernes 15 de marzo. Arrancará con la intervención del abogado Luis Orellana, quien representa al procesado Juan Pablo J. Faltan ocho defensas por intervenir antes de que se conozca si el juez de la Corte Nacional suspende o no la diligencia para entrar a deliberar sobre las medidas cautelares que dispondrá en esta causa por delincuencia organizada. (I)