Ana Hidalgo, fiscal que tiene a cargo la investigación del crimen de Fernando Villavicencio, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no obtuvo el teléfono celular del excandidato presidencial mientras duró la etapa de instrucción fiscal del caso, sino que posteriormente se recibió el contenido del dispositivo por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

La instrucción fiscal del caso finalizó a inicios de octubre. Hidalgo reveló que, en diciembre de 2023, el FBI entregó la información del teléfono al Ministerio Público de Ecuador, a través de un dispositivo enviado mediante una empresa de envíos postales.

El artefacto fue puesto en cadena de custodia y de la pericia se encarga el Departamento de Criminalística, dijo la funcionaria la tarde del miércoles 1 de mayo ante la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga a los responsables políticos del asesinato del excandidato presidencial.

Publicidad

“Dentro de la instrucción fiscal no se recibió el dispositivo del señor (Fernando) Villavicencio. Sin embargo, posterior, en el mes de diciembre de 2023 se hizo llegar por parte del FBI a Fiscalía, a través de una empresa courier, un dispositivo que contenía la información del teléfono del señor Villavicencio. Inmediatamente, Fiscalía activó el canal para ponerlo bajo cadena de custodia. Se remitió ya al Departamento de Criminalística, en donde reposa dicho dispositivo, y se está realizando ya la pericia con respecto a ese dispositivo. Eso dentro de la investigación previa”, detalló la fiscal a los asambleístas presentes.

Lo dicho por Hidalgo fue en respuesta a una inquietud de la legisladora correísta Mónica Salazar, quien recordó que en noviembre de 2023 la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, dio a conocer que el celular de su esposo fue entregado directamente al FBI, en Estados Unidos, debido a que no se tenía confianza en las autoridades ecuatorianas.

Tras la contestación de la fiscal del caso, la asambleísta Salazar, con el fin de no dejar espacio a dudas, repreguntó si el teléfono físico de Villavicencio no fue entregado a la Fiscalía, sino que su contenido vino en otro aparato que lo entregó una compañía courier “de esas normalitas”.

Publicidad

Hidalgo asintió. “Esa es la manera como nos hizo llegar el FBI”, reiteró la funcionaria.

La legisladora también consultó si en la etapa de instrucción fiscal del crimen se investigó a la cápsula de seguridad que tenía Villavicencio.

Publicidad

La fiscal confirmó que así se procedió. Se realizaron varias diligencias, se receptaron las versiones de los policías que integraban el dispositivo de seguridad y se recabaron datos de los análisis e informes de riesgo que tenía el excandidato presidencial. Agregó que con estos elementos se inició otra investigación.

“Se abrió otra investigación respecto de las omisiones o no omisiones con respecto a las actuaciones de la cápsula de seguridad del señor Villavicencio y de las autoridades que estarían involucradas también dentro de este hecho”, señaló Hidalgo.

Durante su comparecencia en la comisión ocasional, la fiscal hizo un recuento del caso de Fernando Villavicencio e informó que el Tribunal de Garantías Penales fijó para el 13 y 14 de mayo la audiencia de juicio contra las cinco personas procesadas como presuntos autores materiales del asesinato. Además, señaló que está en curso otra investigación para hallar a los autores intelectuales.

A la comisión ocasional también fueron convocados la fiscal general del Estado, Diana Salazar; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); y el expresidente de la República Guillermo Lasso. Ninguno de ellos asistió.

Publicidad

Salazar se excusó diciendo que debía prepararse porque el jueves 2 de mayo tiene una audiencia de revisión de medidas y recepción de testimonio anticipado dentro del caso Metástasis. No obstante, envió en su lugar a la fiscal Ana Hidalgo y a Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía.

La titular del CNE, en cambio, justificó su ausencia porque se encuentra fuera del país cumpliendo actividades relacionadas con la consulta popular. En tanto, el abogado del expresidente envió un escrito en el que señaló que el exmandatario no tiene información para aportar al trabajo de la mesa legislativa.

El delegado de la fiscal general intervino y expuso que se inició una investigación a partir de dos noticias del delito relacionadas con la muerte de Fernando Villavicencio, las cuales se acumularon en una sola causa y, por la etapa en la que se encuentra, no se podía revelar la información.

La primera es una denuncia por un presunto crimen de Estado, interpuesta el 15 de agosto de 2023 por Édison Carrillo en contra de Guillermo Lasso, el exministro del Interior Juan Zapata, el excomandante de la Policía Nacional Fausto Salinas, Manuel Samaniego, director de Inteligencia de la Policía Nacional, y el director general de Operaciones de la Policía.

La segunda denuncia fue planteada el 18 de agosto de 2023 por Cristina Villavicencio y otros familiares del excandidato presidencial.

Los asambleístas reprocharon la inasistencia de la fiscal general del Estado, así como de la máxima autoridad del CNE y del expresidente Guillermo Lasso. (I)