Por supuesta omisión en el caso de lesa humanidad en las protestas de octubre de 2019, por falta de investigación en el presunto delito de tráfico de influencias en Petroecuador o por la impunidad en el caso vacunas VIP. Estas son parte de las doce causales que la asambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) Gisella Garzón presentó en noviembre de 2023 dentro de la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Ese planteamiento, que se resume en un supuesto incumplimiento de funciones, tuvo respaldo en el Legislativo para que continúe el trámite. El lunes 13 de mayo, Salazar fue convocada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar las acciones tomadas en los casos denominados León de Troya y La Madrina.

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Esa convocatoria terminó antes de lo esperado debido a que la presidenta de esa comisión, Pamela Aguirre, permitió a Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis, entrar a comparecer de manera virtual. Salazar se retiró y nunca hubo la intervención de Aleaga por fallas técnicas.

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La fiscal Salazar calificó de un show lo ocurrido y aseguró, en una entrevista en CNN en Español, que las causales planteadas son procesales y estaría en contra de las atribuciones de la Asamblea que van enfocadas en lo político.

“Es lamentable el nivel de algunos de los legisladores porque solamente hacen perder el tiempo a la autoridad. Me acusan de no haber realizado acciones en un caso durante el 2016 y 2017 cuando aún no era fiscal y el fiscal era Galo Chiriboga. No tiene sustento. Y como no pueden con las causales, bueno añadamos unas dos más como para hacer un poco más interesante el show, eso es lo que se está tratando en la Asamblea. Y además que quedó en claro que la Asamblea tiene atribuciones de control político y no en lo procesal”, mencionó Salazar.

Las dos causales adicianales a las que la fiscal hace referencia son las presentadas este martes 14 de mayo por el asambleísta (RC) Héctor Valladárez, quien también aduce un presunto incumplimiento de funciones. Primero, porque no se iniciaron proceso judiciales a informes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y segundo sobre una supuesta “inacción” de la fiscal en un caso contra Carlos Pareja Cordero.

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Este 15 de mayo la Fiscalía se pronunció y dijo que la Comisión de Fiscalización buscaba contaminar el proceso del caso Metástasis e incluir una tercera causal: “incumplimiento de funciones por su participación en reuniones y relación circunstancial y dolosa con procesados”.

La institución afirmó que no tienen validez las publicaciones de un procesado por delincuencia organizada y prófugo de la justicia. “Responden únicamente a un intento de deslegitimar la teoría de la Fiscalía”, mencionaba el comunicado.

Las causales expuestas por dos legisladores de la bancada correísta son para algunos analistas y juristas una estrategia política. Por ejemplo, para Cristian Carpio, analista político, la figura del juicio político es usada para generar contrapesos en varias instituciones del Estado.

“En su mayoría tienen fundamentaciones políticas. En el caso de la fiscal, la motivación principal es de un grupo político que se ha visto sometido al escrutinio y es simplemente sacar del poder a una figura que puede ser incómoda para el correísmo”, sostiene Carpio y añade que las causales son ambiguas.

Según el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

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El abogado penalista Julio Cueva coincide con Carpio y asegura que es una manera de encubrir una persecución hacia la fiscal. “Están procesando a algunos de los miembros o exmiembros del partido que promueve el juicio”, menciona Cueva y añade que otras de las razones que muestran el poco avance en todas las investigaciones es el déficit en la institución.

“Muchas veces el impedimiento que tiene la Fiscalía no es falta de voluntad sino falta de personal, de presupuesto, de recursos, de tecnología. Usted no le puede pedir a alguien que haga algo cuando va más allá del tiempo, de sus posibilidad, dinero. Es una persecución evidente”, dice Cueva y considera que no hay justificaciones para un juicio político.

El asambleísta Valladárez, que impulsa la última solicitud de juicio, señala que ahora este proceso es político y luego, cuando la fiscal termine su función, podría pasar a uno penal en función de las pruebas que ha entregado. “Hemos podido evidenciar con documentos que en al menos dos casos la fiscal ha incumplido funciones relacionados con el delito de lavado de activos. (...) Yo siempre tengo esa visión que la justicia cambie, que tenga un horizontal de imparcialidad. Nosotros vamos a respaldar con las pruebas lo que estamos planteando”, opina Valladárez.

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El legislador sostiene que, tenga o no los votos, ya cumplió con entregar la documentación: “Será el pueblo ecuatoriano que nos juzgue más adelante, quiénes están haciendo lo correcto y quiénes no”.

En tanto, la analista política Madeleine Molina cree hay dos visiones en este asunto. La primera son las críticas a la gestión de Salazar. “Los grupos políticos que están más alineados, del centro a la izquierda, la han criticado porque ella de cierta manera le ha dado más cabida a los casos como Arroz verde, Metástasis, vinculando a ciertos miembros del correísmo.

Entonces, para Molina esto generó que los correístas asuman la bandera de persecución y mantenga la idea de investigar ciertos casos de corrupción. “Con Guillermo Lasso (expresidente) fuera del poder, empieza a mover el caso Encuentro. Lo vino a despachar cuando ya el señor salió del poder y es la gran crítica. Otro caso dormido es el de INA Papers. Se la acusa de selectiva”, sostiene.

Y la segunda visión para Molina es el déficit de fiscales y la poca protección de estos. Por ejemplo, el fiscal César Suárez, quien tenía a cargo la investigación de la toma armada al canal público TC Televisión, fue asesinado. El agente fiscal Federico Estrella tuvo el mismo destino.

“Hacen falta fiscales, están sobrecargados de trabajo y no pueden despachar, por eso es que tenemos casos como los femicidios que demoran 10, 5, 6 años”, apunta Molina y además cree que este juicio no tendrá rumbo porque a la fiscal le queda poco tiempo en el cargo.

Salazar cumplirá su labor hasta que finalice su cargo, en abril de 2025, y hace unos días afirmó que no será candidata a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2025 porque tiene otros planes personales. (I)

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