Comercio de madera en Ecuador, ¿qué impide cumplir las leyes?

Rugen las motosierras, y uno a uno, caen estrepitosamente los árboles. Luis Andi, su hermano Jorge (nombres protegidos) y sus esposas están talando una pequeña parcela de bosque en la provincia de Orellana, en la parte ecuatoriana de la Amazonía. Esta vez, el objetivo principal de los indígenas quechuas es preparar la tierra para la agricultura, para que Jorge, un delgado joven de poco más de veinte años, pueda sustentar a su familia.

Así inicia la publicación "¿Quién compra, quién vente y cuánto? Un estudio sobre los mercados madereros de Ecuador", que el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) compartió esta semana con medios de comunicación de la región amazónica.

La publicación de CIFOR cuenta la historia de Andi, quien dice tener que cortar árboles para plantar cultivos que alimenten a sus animales y así poder alimentarse y alimentar a su familia. Una cadena. La madera también se usará para fabricar tablones que se vendan en el mercado maderero.

De acuerdo a Elena Mejía, investigadora de CIFOR, el objetivo de la organización es conocer todo el proceso, el suministro de materia prima, la demanda, los volúmenes de madera extraída, la normativa, la gobernanza forestal en las relaciones entre diferentes actores, sean formales o informales.

Mejía y un equipo de científicos pasaron meses en las provincias de Orellana y Napo, en la Amazonía de Ecuador, realizando entrevistas a actores clave del mercado, productores, transportadores, aserradores e intermediarios, así como encuestas a casi 250 pequeños productores en 21 comunidades indígenas y de colonos.

A partir de esta información y de las estadísticas oficiales del Gobierno sobre los intercambios legales de madera, CIFOR elaboró un informe sobre el estado del mercado maderero de Ecuador, las estrategias utilizadas por las comunidades para manejar sus bosques y ganarse la vida, y la forma en que se distribuyen los beneficios obtenidos.

El nuevo documento forma parte del proyecto Pro-Formal, que está examinando la dinámica de los mercados de madera en cinco países: Indonesia, Camerún, Gabón, República Democrática del Congo y Ecuador.

La información obtenida de este informe es importante en el contexto de las nuevas normas impuestas por la Unión Europea (UE) en el marco del Plan de Acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés), que tiene el objetivo de excluir la madera ilegal de sus mercados y promover la demanda de madera que cumpla con las normas nacionales para el manejo forestal sostenible.

En el plan se alienta a los países a firmar acuerdos de asociación voluntarios con UE, que requieren no solo que toda la madera exportada sea de origen legal, sino que los mercados madereros internos también estén legalizados. Ecuador no ha implementado un acuerdo de asociación voluntaria al FLEGT y ha decidido no continuar con las negociones, según CIFOR.

Sin embargo, el científico principal de CIFOR Pablo Pacheco, que dirige el proyecto Pro-Formal en Ecuador (Políticas y opciones regulatorias para reconocer e integrar mejor el sector doméstico de la madera en los países tropicales), explica que la demanda de madera nativa de los bosques del país es principalmente nacional, no de base exportadora. Además, destaca los esfuerzos gubernamentales para aplicar leyes ambientales en los últimos años.

“Ecuador ha realizado importantes intentos para juntar todas las piezas que integran la gobernanza forestal, en términos de la adaptación de la normativa forestal, el establecimiento de un sistema de control maderero y también la creación de incentivos para los pequeños productores que realizan manejo forestal”, destaca Pacheco.

Conclusiones principales sobre Ecuador

El estudio determinó que la madera es una parte importante de las estrategias de supervivencia de los pequeños productores de Ecuador. En algunas comunidades, constituye hasta el 50% de los ingresos de las familias, aunque esto varía de provincia a provincia y entre los pueblos indígenas y los de colonos.

En Orellana, donde vive Luis Andi, la venta de madera representó, en promedio, el 22% de los ingresos totales de las comunidades quechuas, como la de Andi, pero el 10% en el caso de los colonos. En Napo, esas cifras fueron casi opuestas, dado que las comunidades indígenas dependían menos de la madera que las de colonos.

Sin embargo, los volúmenes de madera extraída por estas comunidades no son grandes. En Napo, entre agosto de 2011 y septiembre de 2012, las familias que trabajaban informalmente vendieron, en promedio, 10 m3 de madera cada una (alrededor de 12 árboles, aunque esto depende de la especie.)

Y la cantidad extraída depende de factores externos: si tenían alternativas agrícolas, si podían conseguir trabajo fuera de la comunidad, si un miembro de la familia estaba enfermo, cuántos niños necesitaban materiales escolares. “Se podría decir que funciona como red de seguridad para las personas, es decir, responden a los cambios abruptos recurriendo al bosque para obtener un ingreso adicional”, dijo Mejía.

Y tampoco ganan demasiado dinero con la tala. Según el estudio, a pesar de las grandes fluctuaciones en el precio de la madera en las etapas más avanzadas de la cadena, las comunidades continuaban recibiendo los mismos precios bajos por su madera. Una parte de la investigación sopesó los costos y los beneficios de las diferentes estrategias de aprovechamiento de madera utilizadas por los pequeños productores.

Los investigadores concluyeron que obtenían los mayores beneficios cuando tenían un plan de manejo legal y participaban en la tala y explotación de especies de árboles de buena calidad para vender los tablones ya cortados. Contratar a alguien más para la tala o vender los árboles en pie a un intermediario que organice todo el proceso redunda en una ganancia mucho menor para el pequeño productor.

Y, aunque contar con la documentación correcta ayuda a obtener una mayor ganancia, muchos enfrentan obstáculos institucionales para conseguir un plan de manejo para cortar madera, describen los investigadores.

¿Qué impide cumplir la ley?

CIFOR detalla que el Gobierno de Ecuador ha realizado muchos esfuerzos para simplificar el proceso y tratar de incorporar a los pequeños madereros en el mercado formal; sin embargo, aún existen barreras.

Aunque según dijo Tania Villegas, del Ministerio de Ambiente de Ecuador (en el momento de la entrevista con Forests News, en abril de 2013), 75.000 personas que trabajan en la industria forestal ya se encuentran registradas en línea en el Sistema de Administración Forestal del Gobierno,  el estudio de CIFOR revela que la mayor parte de los pequeños productores que extraen madera no siempre lo hacen con un plan de manejo legal.

Alrededor del 70% de los encuestados en Napo y Orellana indicó haber cortado madera informalmente entre agosto de 2011 y septiembre de 2012, de acuerdo al informe. “Ya tenemos leyes muy buenas. Pero fallan en la aplicación”, opina Alejandro Suárez, director de la Estación Biológica Jatun Sacha, una reserva natural y de investigación de Napo, creen que esto se debe a que las leyes vigentes no se respetan lo suficiente.

El proyecto Pro-Formal busca entender por qué los madereros deciden no cumplir con las leyes, a pesar de que se ha demostrado  que quienes lo hacen, en realidad, obtienen mayores ganancias. “Presentar un plan de aprovechamiento a veces los obliga a cortar más árboles de los que ellos quieren o necesitan en el momento”, dice la investigadora del CIFOR Ayme Muzo, que llevó a cabo las encuestas en la provincia de Napo.

“Muchas familias están cosechando solo cuatro o cinco árboles por año”, dice. A menudo, estos planes son negociados por intermediarios que ayudan a los productores a lidiar con la burocracia y proporcionan capital, a cambio de algunos de los beneficios, explicó Muzo.

Sin embargo, para compensar los costos, los comerciantes exigen una cierta cantidad de madera antes de convenir en la elaboración del plan. Y tampoco es fácil para los pequeños productores hacerlo por su cuenta, pues muchas de estas comunidades carecen de electricidad y cobertura de teléfono móvil, y mucho menos cuentan con conocimientos de informática y acceso a Internet, de modo que la presentación del plan en línea no es un proceso simple, explican.

En Orellana, Luis Andi dice que cuando él y sus vecinos solo necesitan recoger pequeñas cantidades de madera (cuatro árboles, por ejemplo), el tiempo y los gastos que se precisan para obtener un plan de manejo ahora superan cualquier posible beneficio.

Lecciones de Ecuador

El Gobierno de Ecuador afirma que se ha comprometido a mejorar la vida de los pequeños productores y ha presentado una variedad de programas sociales para este fin, señala el informe. Sin embargo, advirtió Elena Mejía, los resultados del estudio Pro-Formal destacan algunos de los límites de las iniciativas.

“Hay una incoherencia entre lo que el Gobierno pretende alcanzar, mediante la mejora de la calidad de vida y las estrategias de supervivencia de los pequeños productores, y lo que realmente está sucediendo. Todavía hay vacíos”, manifestó Mejía. Según indicó también, CIFOR compartirá los resultados con el Gobierno, que ha dado su pleno apoyo al estudio.

Según Pablo Pacheco, estos resultados  constituyen una importante lección, tanto para Ecuador como para otros países: que no siempre es fácil incluir en el sistema a los pequeños recolectores de madera y que aún las normas simplificadas pueden ser difíciles de cumplir para las comunidades lejanas y pobres.

“Con el tiempo se ha generado una mejor comprensión sobre los obstáculos institucionales y las barreras que enfrentan las comunidades y los pequeños productores, pero hay una falta de voluntad política para flexibilizar estas regulaciones y adaptarlas a sus necesidades e intereses”, reflexionó. “El manejo forestal puede hacerse de diferentes maneras y no hay un único modelo que se pueda utilizar en todas partes".

Fuente: CIFOR