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Añez está detenida de manera preventiva en una cárcel de La Paz desde 2021.
Áñez está detenida preventivamente en una cárcel femenina en el barrio de Miraflores en La Paz hace más de un año por el caso denominado “golpe de Estado I”.
Primero Áñez fue detenida en marzo de 2021 acusada de terrorismo, sedición y conspiración.
La exmandataria fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Durante esta jornada no hubo actos ni manifestaciones o concentraciones de apoyo hacia la exjefa de Estado interina.
Una de las abogadas de Añez considera que la exmandataria transitoria “está en estado critico” y que era urgente su tratamiento en un centro de salud.
Áñez denunció que le están proporcionando medicamentos “dudosos de efectividad” y que en varias ocasiones le provocaron mucho sueño.
“Mi madre está viviendo un infierno judicial”, dijo Carolina Ribera.
La exmandataria, de 54 años, sufre de hipertensión arterial, gastritis crónica, problemas cardiacos, daño neurológico y depresión severa.
"Seguramente mis carceleros quieren que muera en esta cárcel de la que hoy le escribo y a veces pienso que es la mejor solución", escribe Áñez.
La publicación está acompañada de un texto que indica que la exmandataria se encuentra “muy débil”.
Áñez atentó contra su vida por una “depresión severa” debida a su prolongado encarcelamiento, explicó su hija.
La expresidenta boliviana intentó el sábado 'autolesionarse' en la prisión donde se encuentra detenida.
Áñez intentó "generarse una autolesión" y presenta algunos "rasguños" en uno de sus brazos, de acuerdo a las autoridades bolivianas.
El delito de genocidio es sancionado con penas de 10 a 20 años de cárcel, según el Código Penal boliviano.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) recomendó que le hagan estudios cardiológicos a la exmandataria, encarcelada desde marzo pasado.
El 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia, habrá una protesta frente al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.
En esas jornadas se registró la muerte de 37 personas, 861 heridos y 1.531 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La expresidenta interina está detenida preventivamente desde hace cuatro meses por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.
Los exmandatarios están vinculados a un supuesto préstamo en noviembre de 2019 de gases lacrimógenos para controlar las protestas por la salida de Evo Morales.