La Procuraduría General del Estado considera que “desde la perspectiva del Estado ecuatoriano no hay una controversia de inversiones con PDVSA”.
Nos encontramos ante la dura realidad de un laudo arbitral adverso de la Corte Internacional de La Haya por demanda de la petrolera Chevron, sucesora de Texaco
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) quiere llevar al Estado ecuatoriano a un arbitraje por la decisión del Gobierno de reimpulsar el proyecto atrayendo inversión extranjera.
Una de las facturas de la mesa servida del correísmo podría llegar a nueve mil quinientos millones de dólares.
Constitucionalista cree que las dos opciones que tiene Ecuador en este caso le generan dificultades al país.

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