Las instituciones del Estado que velan por la seguridad y el cuidado de las personas vulnerables ciertamente deben asegurarse de que se cumplan las normativas que regulan esos aspectos; sin embargo, muchas veces los trámites se alargan y causan el efecto contrario.

Un informe de este Diario respecto a la cantidad de niños que permanecen en casas de acogida sin posibilidad de ser adoptados muestra que el trámite para declarar la adoptabilidad, que en promedio debiera durar ocho meses, en la práctica puede demorar años. El valioso tiempo transcurre y con ello se diluyen las opciones de la adopción.

Se ha señalado que aunque parece existir predisposición del personal de la Unidad Técnica, operan en contra factores como el reducido número de personal o su rotación.

Publicidad

La ineficiente tramitología es un mal recurrente en muchas instituciones, desde las dependencias municipales en la que se exige de manera reiterada copias de documentos y procesos que no harían falta si contaran con sistemas telemáticos unificados con las instancias afines, hasta las de carácter comercial, de salud, educativas y un largo etcétera en el que destaca el IESS, donde ciertos funcionarios solo atienden dos veces por semana o piden al usuario que esté pendiente de un correo electrónico sin fecha de llegada.

De los 2.265 niños que actualmente permanecen en casas de acogida del país solo 150 pueden ser adoptados, el resto está inmerso en procesos para intentar reinsertarlos en sus hogares originarios o con tíos o abuelos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social impulsa que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para establecer plazos definidos para esos trámites.

Se suele pensar que al volver eficientes las dependencias, muchos empleados serían desplazados; pero no se considera que el costo de la ineficiencia y de la pérdida de tiempo causa un mal mayor al desarrollo del país e influye de manera negativa en la cultura ciudadana. (O)