Varios organismos que desempeñan funciones de interés público presentan niveles débiles de institucionalidad, que comprometen la percepción sobre su legitimidad.

En Quito se desarrolla una nefasta pugna por su alcaldía. Los habitantes de la capital y del resto del país miran con desazón cómo se echa mano de cuanto resquicio pueda ser útil para los fines pretendidos sin considerar a los ciudadanos.

Se ha expuesto otro hecho relacionado, de igual gravedad, que deber ser aclarado; se trata de las presuntas irregularidades en el sorteo de causas interpuestas por Jorge Yunda, quien ha sido destituido de la Alcaldía quiteña y luego restituido en medio de acciones que involucran al Concejo Metropolitano, al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Provincial de Pichincha. Una funcionaria judicial fue suspendida y en su defensa se alega que le robaron sus datos digitales y falsificaron su firma.

Los gremios productivos capitalinos se han pronunciado ante la falta de legitimidad en la Alcaldía de Quito y llaman a que prime el respeto a la ciudad, a sus habitantes y al derecho, manifestando que la seguridad jurídica debe ser la norma que rija todos los actos de sus ciudadanos y, sobre todo, de sus autoridades.

En otra investigación, por una denuncia de presunto tráfico de influencias en la Fiscalía del Guayas, esta semana se realizaron allanamientos y detenciones.

¿Con qué garantías puede contar la ciudadanía si entidades y autoridades son sospechosas de perseguir fines mezquinos?

Entre los primeros decretos firmados por el presidente Guillermo Lasso estuvo la emisión del Código de Ética para la función pública, que establece ser consciente de la responsabilidad al actuar en nombre de las entidades del Estado, y hacerlo con sobriedad y honradez, respetando los derechos de la sociedad y contribuyendo a esclarecer la verdad.

Urge recuperar la institucionalidad para que la ciudadanía pueda volver a confiar en las entidades públicas y en la preparación y el compromiso de las personas vinculadas a ellas. (O)