Las miradas están posadas en la Asamblea para conocer si en esta ocasión el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admite a trámite el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización, que reforma el Código Monetario y Financiero, y que fue ajustado por el Ejecutivo en apego a los cuestionamientos que el CAL hiciera en dos ocasiones anteriores –10 de febrero y 1 de marzo– y que llevaron a rechazar su calificación, aduciendo errores de forma y fondo y tachándolo de inconstitucional.

Esta será una de las últimas actuaciones notorias de los asambleístas, que están por ser relevados en mayo. Si deciden obrar en favor de proteger la dolarización podrían lavar en parte el desprestigio acumulado por actuaciones cuestionables que han minado la confianza popular en esa función del Estado.

El referido proyecto busca dar autonomía al Banco Central del Ecuador para conducir la política monetaria y evitar manejos irresponsables de las reservas –recursos del sistema financiero y del sector público depositados en el organismo–. Entre las reformas propuestas para robustecer el régimen de la dolarización están la creación de una junta monetaria y otra financiera, la acumulación de la reserva internacional y la prohibición de que el Banco Central financie el gasto público con el dinero de los ciudadanos.

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De ser admitido a trámite, el proyecto deberá ser tratado en 30 días por su carácter de económico urgente. En el ínterin se efectuará la segunda vuelta electoral, por lo que los asambleístas de este y el siguiente periodo hacen sus cálculos.

La dolarización reviste suma importancia para los ecuatorianos, que continúan siendo golpeados por la pandemia y sus coletazos. Independientemente de cual candidato gane la Presidencia de la República, el país requiere fortalecer la dolarización; arriesgarla sería infligir un tremendo daño al pueblo, que necesita –tanto como a la vacunación– garantía de estabilidad para emprender la reactivación en los próximos cuatro años. Los legisladores no deberían mostrarse indiferentes. (O)