El Ministerio del Interior anunció ayer el refuerzo de la seguridad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ocurrió luego que en la madrugada la funcionaria recibió un mensaje de WhatsApp en el que amenazan su vida y la de su hija.

Es increíble la fragilidad de los mecanismos de protección a una mujer que es la máxima autoridad de la Fiscalía. No se exagera cuando se trata de la seguridad de quienes manejan casos que han llevado a prisión a peligrosos delincuentes.

El número de teléfono de la fiscal no es público, pero las amenazas llegaron a ella. El ministro del Interior, Juan Zapata, afirmó que equipos de inteligencia trabajan en líneas investigativas para dar con los responsables y confirmar la veracidad del video recibido en el dispositivo móvil.

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Es urgente que se determinen responsabilidades y se detenga desde el origen a quienes están detrás de las amenazas. Un ciudadano se siente más indefenso cuando hasta las más altas autoridades se convierten en víctimas de organizaciones delictivas en cualquier sentido. La agresión psicológica también cuenta, independientemente de que la fiscal continúe despachando con aparente normalidad.

Casos como Sobornos 2012-2016, Odebrecht, helicópteros Dhruv, secuestro de Fernando Balda, Caminito, Secom, hospital de Pedernales, Las Torres, Sinohydro, entre otros, son en los que ha participado directamente la fiscal en cuatro años y dos meses de ejercicio.

En la actualidad, el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) han expresado sus intenciones de fiscalizar su gestión, más allá de que expertos consideren vano esto por la ausencia de la Asamblea Nacional, órgano fiscalizador.

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Antes de la amenaza a la vida ella sostuvo que se buscaba sacarla del cargo para dejar en la impunidad casos en marcha. La situación amerita extrema atención. La transparencia se vuelve a poner en juego y lo que espera la ciudadanía es que cualquier fiscalización se haga con honestidad y que la vida de todos tenga garantías. (O)