El presidente Guillermo Lasso confirmó que el Gobierno contempla la posibilidad de una consulta popular para proponer reformas institucionales en el país, fundamentalmente en el sistema judicial y en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y posiblemente algunas reformas laborales. La consulta podría realizarse con las próximas elecciones seccionales, las del año 2023, para evitar costos excesivos.

El mandatario enfatizó que le interesaría proponer una nueva arquitectura institucional para evitar conflictos entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

Es notorio que poco a poco ha ido disminuyendo la confianza en la Función Judicial, como resultado de las acciones de algunos de los jueces, que hacen que la ciudadanía perciba que la ley no se aplica para todos; que todo depende de a qué juez le toca, y que no es extraño que algunos delincuentes, a pesar de todas las pruebas, anden sueltos, mientras los ciudadanos honestos cada vez más se ven obligados a vivir tras las rejas.

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Es posible que el problema se relacione con la forma en que se elige a los magistrados de la Corte Suprema, pues habría que revisar los requisitos para serlo, teniendo en cuenta su preparación académica, sus años de experiencia, los valores que refleja en su actuación y, sobre todo, incuestionable honestidad. Ellos deberían ser quienes nombren a los jueces de las cortes provinciales y estos a los de primera instancia.

Un sistema de justicia fuerte, confiable, honesto es garantía de la aplicación justa de la ley, en muchos actos de la vida ciudadana y puntal del desarrollo, especialmente en lo relacionado con la inversión nacional e internacional a la que el país necesita ofrecerle seguridad jurídica.

En cuanto al CPCCS, es hora de evaluar y resolver si sus atribuciones son adecuadas o, incluso, si se justifica su existencia. Habría que preguntarse si en una sociedad democrática es pertinente que la participación ciudadana esté institucionalizada. (O)