De cómo experimentaron y recuerdan los ciudadanos ecuatorianos las protestas de octubre del 2019 dependerá su inclinación a aceptar una u otra de las versiones escritas y publicadas sobre esos hechos.

Además del registro periodístico plasmado con la reportería de las protestas, del sentir ciudadano y la visión de los analistas, se presentaron dos libros al cumplirse un año de los hechos: uno, con la perspectiva del sector indígena; y el otro, con la del Ministerio de Gobierno. Hace poco se dio a conocer el informe de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo, que ha sido recibido como ‘sesgado’ por otras instituciones del Estado.

Al rechazo desde la Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa y del de Gobierno se suma el del Consejo Ampliado de Generales de la Policía, enfatizando que “la Policía cumplió con su deber en el marco de la ley. Su labor fue profesional, legal y constitucional”.

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La ciudadanía, por su parte, según haya estado ubicada en octubre del 2019, maneja su visión particular. Padeció saqueos en medio de la protesta, tuvo un familiar secuestrado, ya sea periodista, agente del orden o trabajador de los pozos petroleros o de las fuentes de agua que fueron tomados. Pudo haber sido parte de los trabajadores y comerciantes impedidos de trabajar o de quienes se vieron afectados por la destrucción de bienes públicos y privados, o conocen a alguien que resultó herido en la escalada de hostilidad de los ataques denunciados como un acto político con fines de desestabilización, o en el bloqueo de caminos y carreteras que por varios días impidió el transporte de alimentos y la libre movilidad ciudadana, ocasionando conmoción social y millonarias pérdidas para el país entero...

Las responsabilidades aún no han sido determinadas.

Son bienvenidas las miradas diversas, pero el Ecuador necesita que resplandezca la verdad por medio de investigaciones que determinen con justeza el rol de los implicados y sus motivaciones. (O)