Ha causado confusión la sucesión de anuncios de medidas de restricción de movilidad y de actividades en general provenientes del COE cantonal de Guayaquil, del planteamiento del COE nacional de imponer un toque de queda en varias provincias y de la emisión del decreto ejecutivo con el que se declaró estado de excepción focalizado en Pichincha, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Azuay y Loja.

Nuevamente el país enfrenta una situación dramática por el repunte de contagios y muertes asociadas al COVID-19 y es necesario que las autoridades vuelvan a tomar medidas para frenar la acelerada propagación del virus, que arremete con variantes más peligrosas mientras los ciudadanos no le dan suficiente importancia, pero se esperaría que haya mayor coordinación por la experiencia acumulada en más de un año de pandemia.

También es cierto que la ciudadanía debe hacer un esfuerzo para actuar en correspondencia asumiendo su responsabilidad, aún más si está a la vista que la problemática no es una circunstancia privativa de nuestro país. La arremetida del virus tiene colapsados los sistemas de salud de países que van muy avanzados en sus programas de vacunación, no se diga de aquellos que cuentan con menos recursos y preparación. Son varias las naciones que han impuesto nuevamente el cierre de sus fronteras ante el acelerado incremento de casos de COVID.

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Otro factor importante para tener en cuenta por parte de la ciudadanía y de los gobiernos locales es el retraso en la entrega de las vacunas que fueron comprometidas por las farmacéuticas, lo que no disculpa la ineficiencia en otros aspectos de la planificación para la inmunización masiva a cargo del Gobierno nacional.

Es necesario que se disipen las dudas de la ciudadanía respecto de las medidas de restricción y que se la persuada a quedarse en casa, en la medida de lo posible, entre el 2 y 9 de abril, para que baje el ritmo de contagio, pues habrá que salir a votar el 11 de abril. (O)