La sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es un tema pendiente de resolver del que ningún gobernante quiere ocuparse. Es una papa más caliente que la eliminación del subsidio a los combustibles.

La injerencia política de los Gobiernos de turno ha servido para acentuar el descalabro de la seguridad social. Administraciones e inversiones cuestionables, deudas acumuladas, compromisos no honrados y coberturas no financiadas, entre otros factores, dan como resultado que, después de décadas de aportes, los trabajadores no cuenten con la garantía de una apropiada cobertura médica ni de alcanzar una pensión jubilar suficiente.

El Seguro Social destina cada mes 308,6 millones de dólares para cubrir las pensiones de 449.371 retirados por vejez, invalidez y discapacidad, pero las recaudaciones del IESS no alcanzan para cubrir todas sus obligaciones.

Publicidad

Si el nivel de aportes de los afiliados no sustenta el pago de pensiones en la actualidad, mucho menos lo hará a mediano plazo. El número de retirados se incrementa de manera constante y el aporte estatal del 40% al financiamiento de las pensiones es una carga que cada año se vuelve más pesada. Tampoco existen visos de que se honre la deuda acumulada del Estado al IESS, por prestaciones no pagadas entre el 2012 y 2020, que se estima superaría los siete mil millones de dólares.

Si además se consideran las falencias en la prestación de atención médica, que llevan a los afiliados activos y a los jubilados a tener que optar por atención privada oportuna, se completa un cuadro de ineficiencia que exige al menos un pronunciamiento de los candidatos a la Presidencia de la República.

Es menester que el IESS ocupe un lugar destacado entre las prioridades nacionales a resolver, pues el proceso de su desfinanciamiento tiene amplias connotaciones económicas y sociales que no deben dejar indiferentes al Ejecutivo, al Legislativo, al sector empresarial ni a los afectados más directos: aportantes y jubilados. (O)