El retorno a clases de manera presencial, como parte de la reactivación después de la pandemia, tiene implicaciones secundarias de carácter económico, pues varias actividades conexas habían quedado suspensas o diluidas durante el tiempo que las clases se realizaban por vía telemática.

Satisfacer necesidades como el servicio de transporte escolar, hasta la provisión de refrigerios, la venta de útiles y uniformes se traduce en plazas de trabajo. Y eso es bienvenido. Sin embargo, es importante que el ajuste se vaya dando de manera paulatina, pues también son muchos los hogares en los que no se ha logrado recuperar los ingresos.

Teniendo en cuenta esa consideración, una de las disposiciones del Ministerio de Educación para los planteles fiscales priorizados en régimen Costa-Galápagos es que no podrán solicitar el uso obligatorio de uniformes mientras el kit no haya sido entregado a los estudiantes. Ese proceso culminará el 31 de mayo.

Publicidad

Los rectores no deberán exigir elementos accesorios, como bolsillo bordado, libros, implementos tecnológicos, que pongan en apuro a los padres de familia. Tampoco se permite solicitar dinero para cubrir gastos de los planteles.

Pero no solo la recomendación cabe para las instituciones educativas públicas, ya que son miles los hogares que a pesar de no contar con holgura económica, destinan una parte de los ingresos familiares para costear una educación privada aunque sea económica. Para ese segmento va dirigida la observación del Ministerio de Educación respecto a que no se deben comercializar uniformes dentro de los establecimientos educativos ni direccionar la compra de estos a determinado proveedor, pues las familias tienen libertad para adquirirlos en el lugar que decidan. Lo mismo aplica para los útiles escolares.

Una de las enseñanzas en tiempos de pandemia ha sido aprender a priorizar lo urgente y lo importante. En lo relativo a la educación pospandemia, los esfuerzos y la inversión deben priorizar los asuntos de fondo, como la calidad de la enseñanza. (O)