El 16 de abril de 2016 es una fecha de ingrata recordación para los ecuatorianos. Un terremoto de magnitud 7,8 afectó principalmente poblaciones de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Las cifras oficiales reportaron 671 personas fallecidas, 69.000 viviendas afectadas y cientos de edificaciones debieron ser demolidas.

Cinco años después, en las zonas del desastre no se puede hablar de un proceso concluido de reconstrucción. Aún hay familias que, además del dolor de haber perdido a seres queridos y pertenencias, siguen rodeadas de un paisaje que les recuerda cada día la tragedia o continúan esperando la ayuda prometida.

En 2016 el país entero se unió para colectar víveres y llevarlos a las zonas devastadas. Mediante la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, el SRI recaudó $ 1.555 millones por contribuciones solidarias que servirían, según se comprometió el Gobierno nacional, para reconstruir todas las zonas afectadas por el movimiento telúrico y ‘dejarlas incluso mejor que antes’ y para otorgar créditos para la reactivación productiva. Posteriormente se sabría de disconformidades por el destino de los fondos.

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Concluido el periodo de Rafael Correa, lo relevó la administración de Lenín Moreno en mayo del 2017, que tampoco ha logrado subsanar la deuda social con los afectados por el terremoto; a eso se suman las complicaciones acarreadas por la pandemia del COVID-19 que trastocó la vida de todos a partir de marzo del 2020, incluyendo al “gobierno de todos”, y mucho más la de quienes estaban a la espera de la ayuda prometida tras el terremoto.

En mayo habrá un nuevo cambio de mando. Con el lema “El Ecuador del encuentro”, el nuevo Gobierno tiene planeado cumplir varias metas de interés social. Es deseable que los manabitas y esmeraldeños afectados por el terremoto estén incluidos y reciban la atención que requieren para dejar atrás la sombra de la tragedia. Quienes integraron el Comité de la reconstrucción tampoco deben ser olvidados, a ellos se les debe pedir cuentas. (O)