Existe una realidad que no debe ser desestimada, las manifestaciones lideradas por Leonidas Iza han infundido terror en algunas poblaciones y causado un tremendo perjuicio al país y a la mayoría de sus habitantes por el impedimento forzado de la movilidad, los ataques a personas, la destrucción de bienes y el impedimento de producir. Además, información falsa camuflada como noticias se difunde con el objetivo de desorientar a la ciudadanía.

Tanto en octubre de 2019 como ahora, la dirigencia indígena pretende deslindar responsabilidades de las actrocidades, achacándolas a presuntos infiltrados. Sin embargo, gráficas y videos de las protestas muestran a indígenas junto con encapuchados con el rostro cubierto para no ser identificados; portan armas, incendian, destruyen, agreden y hasta secuestran.

Ayer, durante el undécimo día de protestas, se conoció que en Latacunga sufrieron agresiones unos comerciantes que intentaban realizar una feria de alimentos en el sector El Salto; mientras que en Tungurahua, con el Ejército y la Policía, se buscaba desalojar a unos 300 manifestantes que la noche del martes se tomaron la subestación eléctrica de Tisaleo, que opera unos 500.000 voltios para el país. Esas son acciones condenables que deslegitiman a quienes dicen actuar para promover derechos y lograr reivindicaciones sociales.

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La resolución de problemas sociales se consigue mediante un proceso político amplio, que va a incluir propuestas, resistencias, apoyos y negociaciones, a sabiendas de que las condiciones cambiantes en el tiempo van a requerir de nuevos diálogos y acuerdos. En especial se requiere desarrollar una conciencia colectiva que permita transformar la realidad para que las mejoras ansiadas puedan ser sustentables. Y eso no se logra con imposiciones violentas. Esto último pudiera lograr el efecto contrario: rechazo.

La sociedad es un conjunto de diversidades, y los problemas sociales deben resolverse con unidad y con el predominio de la razón. No se trata de que mejoren unos afectando a otros. (O)

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