Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en un año, la pobreza aumentó en el país en un 6 %, a causa de la crisis económica generada por la pandemia. En ese lapso, más de 650.000 personas perdieron su empleo. En diciembre del 2019, 3′146.297 ecuatorianos tenían empleo adecuado, en el mismo mes del 2020 la cifra se redujo a 2′495.719. Según la misma institución, esto afecta al 25,01% en la población urbana y al 47,9% en la rural.

Se considera que tienen empleo adecuado quienes reciben ingresos iguales o mayores al sueldo básico que es $ 400, quienes lo pierden pasan al subempleo, esto es, que perciben ingresos inferiores al salario mínimo. El número de subempleados creció en un año alrededor de 400.000. Hay también lo que se llama empleo no remunerado que, en la práctica, es un eufemismo para referirse a quienes trabajan sin recibir ingresos, cuya cifra creció en aproximadamente 104.000 personas entre diciembre del 2019 y el mismo mes del 2020.

Durante el año al que nos referimos de cada 100 puestos de trabajo, 93 fueron generados por el sector privado y 7 por el sector público.

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Lo presentado en las líneas que anteceden probablemente retrata el problema más grave del país y, en consecuencia, el mayor reto para quienes aspiran a gobernarlo. Y no se trata solo de quien llegue a la Presidencia de la República, es un reto que también corresponde a la Función Legislativa, lo cual quiere decir a todos y a cada uno de los asambleístas, a los alcaldes y concejales, a los prefectos y a los consejeros, a la Función Judicial y a la Función Electoral, a los organismos de control y a todos los ciudadanos. Pero para responder con dignidad al reto hará falta entender que la política es servicio y que cada decisión que se tome debe buscar solucionar los problemas y necesidades del desarrollo humano. Es reto para todos: los políticos que tendrían que olvidar la cacería de votos para hacer lo que deben y los ciudadanos que debemos decidir con responsabilidad nuestro voto. (O)