Una jornada de incomodidad y dificultades para movilizarse amenaza hoy a quienes habitan, trabajan o transitan por Guayaquil, debido a la paralización que anuncian de manera indefinida los gremios del transporte público urbano.

La principal demanda es el incremento del pasaje a $ 0,40. Y para presionar los transportistas prevén que las más de 2.400 unidades que funcionan en el casco urbano dejen de operar desde hoy. El cierre de vías no está en sus planes, según la dirigencia. La Alcaldía de Guayaquil ya respondió que no accederá a un incremento de pasajes y advirtió a los líderes de la medida que la suspensión de servicios públicos constituye un delito penal.

Gremio ratifica para este jueves la suspensión del transporte urbano en Guayaquil

El derecho a la resistencia, a la protesta, está consagrado en el Ecuador, sin embargo, tanto la Constitución como las leyes son claras en torno a la paralización de servicios públicos. A los transportistas les asiste la facultad de buscar mejorar sus ingresos y herramientas de trabajo, pero no hay justicia para la ciudadanía cuando se la convierte en víctima de desatención en medio de un conflicto que ella no resuelve, más allá de que también expresa inconformidades en torno a los servicios que recibe de este sector y esa es otra materia de importancia.

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El numeral 15 del artículo 326 de la Carta Magna señala la prohibición de paralización de servicios, detallando entre otros, salud, educación, energía eléctrica, agua potable, seguridad social y la transportación pública. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se establecen las sanciones: quien impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público (...) será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El Municipio de Guayaquil ha dicho que ante una paralización del transporte interpondrán acciones judiciales “para defender los derechos de los ciudadanos”.

No se debería llegar a extremos de afectar a quienes se movilizan o de juicios y detenciones. En las circunstancias actuales lo mínimo que se puede esperar en beneficio del Ecuador es racionalidad y acuerdos. (O)