Se entiende que el objetivo de la protesta –como acción individual o colectiva– es expresar ideas, visiones o valores que se contraponen a lo establecido, con el cometido de lograr reivindicaciones que se apeguen a la justicia. Las protestas pierden legitimidad si por el afán de lograr mejoras para un conglomerado social se conculcan los derechos de los otros, de los demás.

La dirigencia indígena ordena bloquear vías que conectan provincias por las que deben circular los camiones que transportan alimentos para ser vendidos en los mercados del país, perjudicando a los comerciantes minoristas, con el consecuente desabastecimiento y encarecimiento de productos. Parte del transporte pesado que pasa carga en las frontera también fue impedido de transitar.

Además, se difunden arengas y discursos que llaman a derrocar al Gobierno cuya tendencia política obtuvo la preferencia mayoritaria de los ecuatorianos en elecciones. La gobernabilidad, en democracia, es posible al arribar a consensos. Ponerse de acuerdo puede resultar difícil y tomar tiempo, pero la alternativa es la imposición, la tiranía; y ese es un camino que los ecuatorianos ya han probado y rechazado en las urnas.

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Los protagonistas de las violentas acciones de octubre de 2019, cuyo líder junto a otros autores recogió como triunfo de una agenda planificada en el libro Estallido, por las que fueron procesadas y luego amnistiadas 268 personas, ahora, en las jornadas de protesta que terminan perjudicando a quienes dicen defender, insisten en imponer su visión y se niegan a dialogar con el Gobierno, el cual debe cumplir con su función de garantizar el bienestar de la población en general, y para ello debe hacer prevalecer el marco jurídico.

Una minoría no puede atentar contra la movilidad, alimentación, salud, educación y el derecho al trabajo del resto de la ciudadanía. Los organismos de derechos humanos deben estar vigilantes y también tomar nota de las afectaciones que padece la población que no quiere plegarse al paro impuesto con carácter ideológico. (O)

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