En una entrevista de televisión, le preguntaron a Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, por qué en las recientes protestas hubo indígenas que atacaron a las florícolas, un sector que es “ajeno” al Gobierno. “¿Qué se saca” con impedir que se puedan exportar flores?, le pide que reflexione el periodista Carlos Rojas. Después de repasar la realidad política nacional, y ante la insistencia del presidente de Expoflores, Alejandro Martínez, para que conteste, Guamán explicó que los indígenas no tenían a quién más reclamar.

...quizás el sector privado debería participar en los debates con los representantes indígenas, como propone Guamán, pero hacerlo de la mano de analistas económicos.

Martínez se distanció estratégicamente insistiendo que Expoflores, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, no tiene injerencia en las decisiones del Estado, y Guamán pierde la oportunidad de destacar lo obvio. Los sectores productivos influyen en la toma de decisiones en este y la mayoría de países del mundo, y por tanto son actores políticos. En su lugar, Guamán pasó a argumentar que necesitamos una educación que “maneje conceptos nuevos” sobre lo público, lo privado y lo comunitario, y que fomente el “apoyo mutuo” entre los sectores.

Ciertamente, llevar la teoría del bien común (”the commons”) a la práctica es fundamental para la sobrevivencia de la especie humana, y por eso tal vez Martínez tiene razón en pedir un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado. Pero, en un país donde el Ministerio de Salud le da más importancia al payaso Ronald McDonald que a los pacientes o la ciencia, me parece que cualquier negociación estará inclinada en favor de todos menos del eslabón más débil. Tal vez por eso Guamán pide que también los “académicos” se sienten en la mesa, aunque seguidamente les reclama que “solo generan teorías sobre teorías y teorías”.

Por defecto profesional quise alzar la mano como si estuviera en Zoom para hacer las acotaciones del caso, y me quedé con las ganas de advertirle a Guamán sobre los peligros de usar el término académico con laxitud, y que hay un mundo más allá que la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Politécnica Salesiana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Martínez tiene más claro el panorama: la lección para el Ecuador entero es que se debe manifestar sin paralizar el país. Lo contrario trae peores consecuencias que la realidad contra la cual originalmente se reclama, digan lo que digan los agitadores de cafetín que cobran su sueldo puntualmente en esas universidades.

Tanto Guamán como Martínez están de acuerdo con la necesidad de políticas públicas y créditos agrícolas adecuados. Para ello, quizás el sector privado debería participar en los debates con los representantes indígenas, como propone Guamán, pero hacerlo de la mano de analistas económicos. Lo que queda muy pendiente es una discusión sobre la convivencia y las relaciones interculturales. Guamán no debió dejar que Martínez se haga el quite diciendo “yo no divido a la gente en blancos, negros e indígenas”. La inequidad no se limita a la división rural-urbana ni se resuelve solo económicamente, pues la pertenencia étnica está en la raíz del conflicto que vivimos en Ecuador, y que se experimenta alrededor del mundo. (O)