Mientras redacto esta columna, la jueza que conocía la medida cautelar constitucional presentada por el Municipio de Guayaquil contra Pfizer y el Ministerio de Salud Pública (MSP) la ha rechazado: “Por no encontrarse reunidos los requisitos para la misma”.

Lo que se había solicitado a la administración de justicia a través de esta acción constitucional eran dos cosas: que se ordene a Pfizer que le venda al Municipio de Guayaquil por lo menos dos millones de vacunas; y al Ministerio de Salud Pública (MSP), que autorice a comprar las vacunas y aplicarlas a los guayaquileños de forma gratuita, bajo las normas y procedimientos señalados en el Plan Nacional de Vacunación, que ahora sabemos era inexistente.

En el ínterin, la Procuraduría General del Estado (PGE) le dio una clase de derecho al exministro de Salud guayaquileño (parece mentira) Rodolfo Farfán. En el Oficio n.º 13028 del mismo día 16 de marzo, el procurador general del Estado lo mandó a leer el Cootad cuando le dice: “… los GAD municipales pueden realizar en su territorio la gestión concurrente en materia de salud –permitir que estos últimos realicen la adquisición de vacunas– de conformidad con los artículos 126 y 138 del Cootad… lo que puede articularse a través de la celebración de convenios, de conformidad con el tenor del artículo 55 letra g) del Cootad”.

Es increíble y la vez lamentable que algo tan básico (concurrir en la gestión de una competencia exclusiva del Gobierno central a través de la firma de un convenio), que además está permitido en la mismísima Constitución de la República, no haya sido advertido por los despistados asesores interandinos del Ministerio que al parecer se olvidaron de la existencia de estos artículos cuando hicieron la consulta a través del Oficio MSP-MSP-2021-0710-O del 13 de marzo.

Pero parece que el despiste también lo tiene la jueza Teresa Quinteros. Para ella conceder la medida cautelar disponiendo que el MSP autorice al Municipio a comprar e importar vacunas invadiría “… el ámbito de atribuciones que corresponden al organismo técnico competente (Consejo Nacional de Competencias) y a la Corte Constitucional”, lo que es absolutamente contrario a lo que ella misma dice en la misma sentencia cuando señala: “El dictamen de la Procuraduría General del Estado… reafirma precisamente que la pretensión de la entidad accionante (el Municipio) debe ser canalizado de forma coordinada con el Ministerio de Salud Pública”. Un auténtico dislate.

En todo caso, el nuevo ministro de Salud (que no es guayaquileño) ha llegado a un acuerdo final con el Municipio. El Gobierno central entregará 1,8 millones de vacunas al Municipio de Guayaquil para que este, a través de sus redes y centros municipales, vacune directamente sin tener que esperar al obeso e inepto Estado central.

Cuesta decirlo, pero se ha perdido tiempo valioso y además vidas. Es increíble que algo tan sencillo de resolver a través de la suscripción de un convenio haya tenido que pasar por una demanda constitucional contra el Gobierno central para que reaccione y se diera cuenta de su error. Centralismo delenda est. (O)